De la pila de papeles que tienes pendientes de leer, sacas unos folios del Diario de Sesiones del Congreso, concretamente de la Comisión no permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, que corresponde a la ya lejana fecha de 20 de junio de 2006, y dices bien, 2006.
http://www.congreso.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&DOCS=1-1&QUERY=(CDC200606200610.CODI.)
No tienes ningún interés profesional por el asunto, simplemente lees estas cosas por culturilla general en un tema tan controvertido como los accidentes de tráfico y el tratamiento sancionador que merecen, ya que no es posible evitarlos.
Comparece el entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, que dimitió para intentar el asalto político a la Comunidad Autónoma Canaria.
Previamente tiene
s que decir que da gusto oír a López Aguilar, por su tono generalmente moderado y por su timbre melodioso. Cuando lees sus intervenciones estás imaginando su voz, con sus típicos giros barrocos, a veces con un castellano no demasiado ortodoxo en donde se combina la poesía jurídica con patadas al diccionario: “ha incursionado en la conducta”, “las líneas que hemos individuado como de actuación prioritaria”, “marcar el mensaje en este ámbito”, “reforma reflexiva, meditada y acotada del código penal”, “están pidiendo aflorar en el Código Penal”, “mensaje de compromiso muy potente”, “subviniendo el defecto de tipicidad”, “jurisprudencia disímil”, “haciendo compulsoria la presencia del ministerio fiscal”, “leyes clavadas en el ordenamiento”, “quiero poner en valor que las reformas…”, “déficit de articulación procesal de la jurisdicción penal”, “disolver el arquetipo que pretende que tipificar en el Código…”, “no cabría imaginar que en la geografía judicial española se derramasen uniformemente juzgados especializados en todos los distintos ámbitos que puedan constituir líneas de política criminal”.
Yendo ya al contenido te sorprende encontrar al personal político con el paso cambiado. Concreta el Ministro que va a proponer pena de cárcel (por supuesto, los jueces dirán la última palabra) al que rebase en 40 Kms/h la velocidad máxima que haya en las vías urbanas, y 70 en las interurbanas y también al que le detecten una tasa superior a 1,2 gramos por litro. Pues bien, el PP, tradicionalmente duro y carcelero, para este caso habla de la prueba tasada y de las garantías constitucionales a la presunción de inocencia.
Los perdonas porque se conoce que la oposición es oponerse.
Con ser curioso todo lo anterior, no es lo que más te sorprendió, aunque te hayas ido por los cerros de Úbeda. Lo que más te llamó la atención es cómo las primeras líneas de su intervención las dedicó el Ministro a defender la seguridad como valor de la izquierda, cuando tradicionalmente en la tensión seguridad-libertad, era la derecha la que se ponía del lado de la seguridad y la izquierda del de la libertad. Te pareció una argumentación sorprendente y original.
Quiero subrayar, en primer lugar, la importancia que el Gobierno en el que me honro servir como ministro de Justicia le da al valor de la seguridad (…) Creo que un proyecto político con vocación progresista y radicado en los valores de la igualdad y la libertad debe ser capaz de construir y defender con la cabeza alta una aproximación progresista de mucha profundidad al valor de la seguridad. Este es un valor constitucional mayúsculo -no necesito resaltarlo- en sus varias dimensiones, pero lo es doblemente en un mundo abierto a muchas incertidumbres y amenazas de nuevo cuño, con perfiles desconocidos hasta el momento, en el que la inseguridad frente a esas amenazas golpea de forma más acuciante y dura a los que menos tienen, es decir, a los desfavorecidos por la estratificación de los derechos y de las oportunidades, en definitiva, por la estratificación de la desigualdad. Un mundo abierto y globalizado como el que nos toca vivir es más inseguro, y ante ese mundo inseguro sufren más los que menos tienen. Es imprescindible, por tanto, que un Gobierno comprometido con la libertad y la igualdad y con remover los obstáculos que impidan que se realicen de manera plena y efectiva esté preocupado con el mantenimiento de un estándar elevado y exigente de seguridad en la formulación y la ejecución de las distintas políticas públicas, a las que sirve desde su responsabilidad. Por tanto, en el Gobierno de la nación estamos fuertemente comprometidos con esta aproximación al valor de la seguridad que se pone de manifiesto también en la seguridad de las relaciones de trabajo, que se pone de manifiesto en la lucha contra la siniestralidad laboral, que se pone de manifiesto en la lucha contra la degradación medioambiental, que se pone de manifiesto, por supuesto, en la seguridad de las personas que más la reclaman y necesitan, como son las mujeres maltratadas, que necesitan una respuesta urgente e imperiosa de seguridad y compromiso, y se pone de manifiesto en este campo en el que ustedes se han estado ocupando en esta comisión no permanente: en el plano de la seguridad vial. He querido incardinar en su contexto estas distintas acepciones y variantes del valor de la seguridad porque todas ellas están siendo atendidas por las distintas acciones en las políticas públicas a las que responde el Gobierno de la nación. No necesito subrayar hasta qué punto el compromiso con las mujeres maltratadas y con la violencia de género se erigió en una prioridad simbólica -la número uno- en el calendario político-legislativo de este Gobierno. La seguridad medioambiental está también muy fuerte en el podio de prioridades de la acción de este Gobierno. Frente a la siniestralidad laboral hemos hecho un esfuerzo que ha querido dialogarse y consensuarse con los agentes sociales y del que es expresión, en el plano de mi competencia, el establecimiento de una línea especializada de actuación del ministerio fiscal a la hora de promover la acción de la justicia en defensa del interés público tutelado por la ley, al frente de la cual se ha situado un fiscal con categoría de fiscal de sala, como también pondré de manifiesto en el caso de la seguridad vial.
Fuera ya del asunto de la seguridad, junto a una brillante y resumida justificación de los indultos en general, destacas también una meditación íntima o intimista sobre el impacto de las peticiones de indulto en el Ministro.
El derecho de indulto está regulado en nuestro país por una ley antigua, de 18 de junio de 1870, una de las leyes clavadas en el ordenamiento desde hace un tiempo que, cuando se le evoca, parece no remoto, sino inmemorial. El derecho de indulto, como me gusta subrayar, no significa conferir al Ejecutivo una potestad revisora de sentencias. De modo que tengo claro -y me gusta explicarlo cuando tengo ocasión, porque hay ciertas dificultades en la opinión pública para percibir exactamente en qué consiste esta prerrogativa- que el indulto no consiste en estimar la inocencia del condenado injustamente por los tribunales, porque esa no es la función del ministro de Justicia. No consiste en oponer un juicio relativo a la culpabilidad o a la inocencia del reo convicto por los tribunales, distinto o alternativo al que hayan establecido los tribunales de Justicia. Esto no significa que yo no tenga criterio sobre el expediente que se me eleva, porque, en la medida en que les presto atención y a veces me hacen pensar largamente, a menudo me formo un criterio sobre si la condena ha sido justa o no, pero déjenme que les confiese que eso lo hago porque no puedo evitarlo, no porque sea mi función, no porque sea la función que la Constitución me atribuye. A menudo me formo criterios sobre las condenas injustas que los tribunales pueden dictar, pero intento ser consciente, en todo caso, de que la función del ministro de Justicia no consiste en calificar la justicia o la injusticia de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales, sino en darlas por buenas, cualquiera que sean, porque es la justicia formal que se ha pronunciado de acuerdo con lo que son las reglas del juego, que yo acato y asumo. A partir de ahí, el indulto consiste en establecer una valoración de oportunidad, que se propone a la firma del rey, con respecto del cumplimiento de la condena que le han impuesto los tribunales a ese reo convicto, porque puede -esa es la justificación constitucional- que haya perdido sentido que la persona condenada por los tribunales cumpla íntegramente la pena que los tribunales le han impuesto.
http://www.congreso.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&DOCS=1-1&QUERY=(CDC200606200610.CODI.)
No tienes ningún interés profesional por el asunto, simplemente lees estas cosas por culturilla general en un tema tan controvertido como los accidentes de tráfico y el tratamiento sancionador que merecen, ya que no es posible evitarlos.
Comparece el entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, que dimitió para intentar el asalto político a la Comunidad Autónoma Canaria.
Previamente tiene
s que decir que da gusto oír a López Aguilar, por su tono generalmente moderado y por su timbre melodioso. Cuando lees sus intervenciones estás imaginando su voz, con sus típicos giros barrocos, a veces con un castellano no demasiado ortodoxo en donde se combina la poesía jurídica con patadas al diccionario: “ha incursionado en la conducta”, “las líneas que hemos individuado como de actuación prioritaria”, “marcar el mensaje en este ámbito”, “reforma reflexiva, meditada y acotada del código penal”, “están pidiendo aflorar en el Código Penal”, “mensaje de compromiso muy potente”, “subviniendo el defecto de tipicidad”, “jurisprudencia disímil”, “haciendo compulsoria la presencia del ministerio fiscal”, “leyes clavadas en el ordenamiento”, “quiero poner en valor que las reformas…”, “déficit de articulación procesal de la jurisdicción penal”, “disolver el arquetipo que pretende que tipificar en el Código…”, “no cabría imaginar que en la geografía judicial española se derramasen uniformemente juzgados especializados en todos los distintos ámbitos que puedan constituir líneas de política criminal”.Yendo ya al contenido te sorprende encontrar al personal político con el paso cambiado. Concreta el Ministro que va a proponer pena de cárcel (por supuesto, los jueces dirán la última palabra) al que rebase en 40 Kms/h la velocidad máxima que haya en las vías urbanas, y 70 en las interurbanas y también al que le detecten una tasa superior a 1,2 gramos por litro. Pues bien, el PP, tradicionalmente duro y carcelero, para este caso habla de la prueba tasada y de las garantías constitucionales a la presunción de inocencia.
Los perdonas porque se conoce que la oposición es oponerse.
Con ser curioso todo lo anterior, no es lo que más te sorprendió, aunque te hayas ido por los cerros de Úbeda. Lo que más te llamó la atención es cómo las primeras líneas de su intervención las dedicó el Ministro a defender la seguridad como valor de la izquierda, cuando tradicionalmente en la tensión seguridad-libertad, era la derecha la que se ponía del lado de la seguridad y la izquierda del de la libertad. Te pareció una argumentación sorprendente y original.
Quiero subrayar, en primer lugar, la importancia que el Gobierno en el que me honro servir como ministro de Justicia le da al valor de la seguridad (…) Creo que un proyecto político con vocación progresista y radicado en los valores de la igualdad y la libertad debe ser capaz de construir y defender con la cabeza alta una aproximación progresista de mucha profundidad al valor de la seguridad. Este es un valor constitucional mayúsculo -no necesito resaltarlo- en sus varias dimensiones, pero lo es doblemente en un mundo abierto a muchas incertidumbres y amenazas de nuevo cuño, con perfiles desconocidos hasta el momento, en el que la inseguridad frente a esas amenazas golpea de forma más acuciante y dura a los que menos tienen, es decir, a los desfavorecidos por la estratificación de los derechos y de las oportunidades, en definitiva, por la estratificación de la desigualdad. Un mundo abierto y globalizado como el que nos toca vivir es más inseguro, y ante ese mundo inseguro sufren más los que menos tienen. Es imprescindible, por tanto, que un Gobierno comprometido con la libertad y la igualdad y con remover los obstáculos que impidan que se realicen de manera plena y efectiva esté preocupado con el mantenimiento de un estándar elevado y exigente de seguridad en la formulación y la ejecución de las distintas políticas públicas, a las que sirve desde su responsabilidad. Por tanto, en el Gobierno de la nación estamos fuertemente comprometidos con esta aproximación al valor de la seguridad que se pone de manifiesto también en la seguridad de las relaciones de trabajo, que se pone de manifiesto en la lucha contra la siniestralidad laboral, que se pone de manifiesto en la lucha contra la degradación medioambiental, que se pone de manifiesto, por supuesto, en la seguridad de las personas que más la reclaman y necesitan, como son las mujeres maltratadas, que necesitan una respuesta urgente e imperiosa de seguridad y compromiso, y se pone de manifiesto en este campo en el que ustedes se han estado ocupando en esta comisión no permanente: en el plano de la seguridad vial. He querido incardinar en su contexto estas distintas acepciones y variantes del valor de la seguridad porque todas ellas están siendo atendidas por las distintas acciones en las políticas públicas a las que responde el Gobierno de la nación. No necesito subrayar hasta qué punto el compromiso con las mujeres maltratadas y con la violencia de género se erigió en una prioridad simbólica -la número uno- en el calendario político-legislativo de este Gobierno. La seguridad medioambiental está también muy fuerte en el podio de prioridades de la acción de este Gobierno. Frente a la siniestralidad laboral hemos hecho un esfuerzo que ha querido dialogarse y consensuarse con los agentes sociales y del que es expresión, en el plano de mi competencia, el establecimiento de una línea especializada de actuación del ministerio fiscal a la hora de promover la acción de la justicia en defensa del interés público tutelado por la ley, al frente de la cual se ha situado un fiscal con categoría de fiscal de sala, como también pondré de manifiesto en el caso de la seguridad vial.
Fuera ya del asunto de la seguridad, junto a una brillante y resumida justificación de los indultos en general, destacas también una meditación íntima o intimista sobre el impacto de las peticiones de indulto en el Ministro.
El derecho de indulto está regulado en nuestro país por una ley antigua, de 18 de junio de 1870, una de las leyes clavadas en el ordenamiento desde hace un tiempo que, cuando se le evoca, parece no remoto, sino inmemorial. El derecho de indulto, como me gusta subrayar, no significa conferir al Ejecutivo una potestad revisora de sentencias. De modo que tengo claro -y me gusta explicarlo cuando tengo ocasión, porque hay ciertas dificultades en la opinión pública para percibir exactamente en qué consiste esta prerrogativa- que el indulto no consiste en estimar la inocencia del condenado injustamente por los tribunales, porque esa no es la función del ministro de Justicia. No consiste en oponer un juicio relativo a la culpabilidad o a la inocencia del reo convicto por los tribunales, distinto o alternativo al que hayan establecido los tribunales de Justicia. Esto no significa que yo no tenga criterio sobre el expediente que se me eleva, porque, en la medida en que les presto atención y a veces me hacen pensar largamente, a menudo me formo un criterio sobre si la condena ha sido justa o no, pero déjenme que les confiese que eso lo hago porque no puedo evitarlo, no porque sea mi función, no porque sea la función que la Constitución me atribuye. A menudo me formo criterios sobre las condenas injustas que los tribunales pueden dictar, pero intento ser consciente, en todo caso, de que la función del ministro de Justicia no consiste en calificar la justicia o la injusticia de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales, sino en darlas por buenas, cualquiera que sean, porque es la justicia formal que se ha pronunciado de acuerdo con lo que son las reglas del juego, que yo acato y asumo. A partir de ahí, el indulto consiste en establecer una valoración de oportunidad, que se propone a la firma del rey, con respecto del cumplimiento de la condena que le han impuesto los tribunales a ese reo convicto, porque puede -esa es la justificación constitucional- que haya perdido sentido que la persona condenada por los tribunales cumpla íntegramente la pena que los tribunales le han impuesto.
Al paciente varón o hembra que haya llegado hasta el final verá que el título de este articulejo no responde del todo al contenido, pero el autor no encontró otro. Queda invitado el posible lector a sugerir otro más adecuado.
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