Hoy comienza uno por un recuerdo personal.
La relación que uno tuvo con Campal queda resumida en estas dos viejas entradas del blog.
(Aclaración para Gustavo si lee estas líneas: Auro era musguina).
Casi nunca menciona uno nada de La Voz de Asturias, pese a que le echa una ojeada todos los días. Ocurre que normalmente la precariedad de sus medios no le permite publicar noticias diferentes al resto de los periódicos, si acaso alguna firma destacada. Hoy se queda uno con la queja de los interinos. Lo que dicen es cierto: las oposiciones no permiten demostrar lo que llevas haciendo durante muchos años. Sí, pero a los que están fuera tampoco se les permite. Uno lo siente por ellos, pero en general está con el sistema de oposiciones. Lo que es vergonzoso es que, por fas o por nefas, algunas oposiciones tarden lustros, cuando no decenios, en convocarse. Los interinos están sindicados, los opositores, no. Razón poderosa de facto para el mantenimiento del statu quo.
En El Correo lee uno que Sánchez borra a Ciudadanos de la foto de Colón en un guiño a esa bolsa de electores. "La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la fotografía de la plaza de Colón". Pasaron de tres a dos, pero en política nada es para siempre. Pueden volver a ser tres, eso sin preguntar a Pablo Iglesias.
Dice El Correo que el efecto Semana Santa aumenta los contagios y los ingresos en las UCI. ¿Tendrá algo que ver la final de Copa entre el Athletic y la Real, que fue el día 3?.
En la portada de El Mundo se anuncia el capítulo I de una contra-información del caso Rociíto: Los hechos probados. "EL Mundo contrapone el ‘reality’ avalado por dos ministras con la verdad acreditada en toda la documentación judicial". Dedica al caso un editorial. Uno, en su ingenuidad, no se había dado cuenta de esto, pero puede ser: "Lo que interesa a nuestros lectores, y esta es la razón de esta investigación periodística, es poner de manifiesto cómo al convertir a Rocío Carrasco en una víctima de malos tratos de su ex marido -algo que la justicia no ha probado nunca- este gobierno a través de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra de Igualdad Irene Montero han querido suplantar los tribunales españoles por una suerte de Justicia televisiva y popular provocando con ello un grave daño a la credibilidad del Estado de Derecho". Que Carmen Calvo e Irene Montero hayan apoyado una versión es una cosa; que estén detrás del programa, otra, pero a lo mejor es una visión ingenua de la política. Independientemente de lo anterior, la verdad judicial no es la verdad, la verdad penal, menos todavía. Una aproximación a la verdad estaría en un sistema de investigación sin limitaciones constitucionales (no piensa uno en la tortura, sino en las escuchas ilegales por ejemplo) y sin el juego de la presunción de inocencia. Algo así podría conseguirse en una comisión de investigación, si no estuviera coartada por las previas o posteriores investigaciones judiciales. 
A uno le parece original la columna de Iñaki Gil en El Mundo, que construye un juego de palabras con la generación AstraZeneca, como generación AZ. Uno, como juego, se permitió censurar las últimas líneas, en las que entra en el fragor preelectoral. Le parece que sin el estrambote final, la columna gana, aunque seguramente el autor querría incidir precisamente en el texto que uno censuró. . Quien conserve El Mundo puede completarlo.
En El Mundo el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hace unas aclaraciones irreprochables: "Mi opinión: es positivo que existan diferencias y que sean los ciudadanos de cada territorio los que decidan en las elecciones si pagar más o menos impuestos a cambio de recibir más o menos servicios. Un nivel de autonomía fiscal es consustancial al Estado de las autonomías. P.– Entiendo que no considera que Madrid incurra en dumping fiscal, como dice la ministra. R.– No. Está ejerciendo sus competencias. Ejerza usted sus competencias en el resto de autonomías. Usted puede hacer una cosa igual. Ahora, si tienes menos recursos derivados del menor nivel de imposición, tendrás menos presupuesto de gasto. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos gasto público per cápita tiene. Ese es su planteamiento porque si no, no sería capaz de tener posiciones cercanas al equilibrio presupuestario". Eso es así, pero falta un dato. Lo que se cuestiona no es eso, sino si Madrid recibe transferencias de más, cosa que le permitiría recabar impuestos de menos. En realidad es lo mismo que un buen alcalde o un buen presidente de Comunidad Autónoma consiguen: que el Estado les pague o les construya o les arregle lo que otros Ayuntamientos u otras Comunidades tienen que pagar con lo que obtienen de los tributos.
Dice Urrutia, de Gabineta Caligari: "yo no soy fascista, coño, pero me gustan los toros". La definición de fascista es evolutiva. A lo mejor, se incluye en breve lo de los toros dentro de la definición. Tendría uno que repasar esos conceptos casi olvidados de la filosofía sobre el método inductivo y el método deductivo. Puede servir para las definiciones de las corrientes políticas.
En El País lee uno que el PP va a reclamar ante el Tribunal Constitucional la readmisión de Toni Cantó y Agustín Díaz Conde como elegibles en las inminentes elecciones autonómicas. A uno le parece que la ley está meridianamente clara. Por una parte le sorprende que la Junta Electoral haya dado de paso los documentos que les presentaron, que, por lo leído, eran sendos carnets de identidad. pero la Junta Electoral no se percató de la fecha de expedición de los DNI en los que figuraba el domicilio madrileño. ¿Cómo no se percataron? Hasta los jueces pueden equivocarse, de hecho, es una razón de que existan los recursos. A uno le gustaría que el Tribunal Constitucional aplicara la lógica sin excentricidades interpretativas. En un país democrático, los cambios tienen que llevarlos a cabio los parlamentos, no los tribunales.
Lee uno una entrevista en LNE a Lourdes García, Concejala ovetense delegada de Centros Sociales, Educación, Salud Pública y Consumo. Dice: “Los colegios de Oviedo están obsoletos, no están preparados para una pandemia”. Claro, los colegios dependen de una administración enemiga, la del gobierno regional. Pasa de puntillas por los centros sociales, que dependen del Ayuntamiento y también están obsoletos, y las bibliotecas municipales, cerradas hasta hace poco y algunas siguen. La paja y la viga. ¡Qué haríamos sin las parábolas!.
La noticia se refiere a Gijón. Salud medita el cierre definitivo de la mayoría de los ambulatorios por la tarde. Los sanitarios, ya reagrupados en cuatro centros por el covid, ven “inasumible” reabrir los once puestos habituales: “No hay personal”. ¿Cuántas medidas, en cualquier ámbito, los diferentes gestores no se atrevieron a adoptar y ahora quedarán para siempre?.
Dice Francisco Covarrubias Espartero en LNE, en su calidad de Presidente de la Asociación Párkinson Jovellanos: “El párkinson va más allá de los temblores y todavía tiene mucho estigma social". Uno cree que se abusa del término 'estigma'. Uno ve un enfermo que aparentemente padece párkinson y puede pensar ¡pobre hombre, tan joven y con esos temblores! ¿Es eso estigmatizar? ¿No le puede a uno dar pena un enfermo, un viudo, un huérfano, un abandonado amoroso, un despedido, un ERTado? ¿Hay que extirpar la pena de nuestras mentes? O bien, ¿se les priva de algún derecho al enfermo de párkinson? ¿algún derecho de admisión?.
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El ABC, siempre tan pendiente de la realeza, destaca que por un fallo de protocolo, nadie del Congreso salió a recibir a la reina Letizia cuando llegó para el acto de Clara Campoamor. No encontró uno la noticia en ningún otro medio.
LNE publica un croquis de las inmediaciones del nuevo Hospital, en el que destaca la promoción de once nuevos edificios de viviendas más un Burger King. El total de viviendas asciende a 555. Tiene su lógica que la ciudad crezca hacia el nuevo hospital, en cuyo radio de influencia querrán asentarse muchos trabajadores sanitarios. Viendo cómo está creciendo la ciudad hacia terrenos más llanos, se hace uno (de) cruces de cómo décadas atrás el crecimiento tuvo lugar hacia barrios más empinados. Todavía hoy sigue creciendo hacia Monte Cerrao, zona muy cotizada. Ya lo sufrirán los compradores pasados unos años, cuando comiencen los achaques físicos y las cuestas comiencen a pasarles factura. El mercado es libre, pero uno cree que las políticas urbanísticas deberían velar por el bienestar del ciudadano a largo plazo. El lógico crecimiento hacia la zona del Hospital tiene que se compatible con la revalorización de las viviendas antiguas, consecuencia de que el Estado pague hasta el cien por cien de las rehabilitaciones que se acometan por la eficiencia energética. Con la estabilización demográfica, no digamos con el descenso, no tiene sentido, visto desde la globalidad, seguir levantando edificios que o permanecen vacíos, o quedan vacíos los antiguos, de los que se van mudando sus moradores. De acuerdo que la industria de la construcción es un motor muy relevante de la economía, pero han de considerarse los costes fijos en los que incurren los poseedores de viviendas vacías durante largos períodos de tiempo. Incentivando una buena puesta al día del parque inmobiliario, puede evitarse la proliferación de pisos vacíos.
Toda la prensa recoge el globo sonda lanzado por el Ministro de Trabajo que habla de entregar un cheque de hasta 12.000 euros a quienes prolonguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación cuando se cumplan determinados requisitos, entre otros, haber cotizado 44 años. Para el trabajador que quiera seguir trabajando es un chollo. Gana esos 12.000 euros, además de aproximadamente un quince por ciento más por seguir trabajando de lo que le quedaría de pensión. No quiere uno decir que se apuntarán a esta modalidad los que no estén dando un palo al agua, pero poco menos. El Estado se ahorra la pensión de esos mayorinos, pero tendrá que pagar el paro de esos jóvenes llamados a sustituir a aquellos. Lo comido por lo servido y pésimo ejemplo desde el punto de vista del necesario reparto del trabajo.
El Tribunal Supremo dicta el equivalente a un auto de procesamiento al número tres de Podemos, el diputado Alberto Rodríguez, acusado de agredir a un policía en el año 2014. De acuerdo que al ser aforado Alberto Rodríguez se haya producido una demora, pero ¿siete años por un delito de esa entidad?.
Dice El País que comparar entre vacunas es difícil y prematuro. Se pregunta y se responde acto seguido ¿Es mejor una vacuna con una eficacia del 90% que otra con una eficacia del 70%? Dice el País que la respuesta parece obvia pero que no es tan fácil porque los porcentajes de eficacia que se están dando son sobre las pruebas realizadas por los diferentes laboratorios, que se hicieron a una población determinada (no homogénea), con los virus que circulaban en momentos diferentes. Por lo visto hay que distinguir eficacia (pruebas de laboratorio) de efectividad (la que se daría en la realidad). Falta que alguien hable de eficiencia como concepto diferente, con lo que tendríamos eficacia, eficiencia y efectividad. Los humanos tenemos una facilidad pasmosa para liar las ideas más sencillas.
Lee uno en El País que la lluvia arruinó la batalla de los comuneros en Villalar de acuerdo con una investigación que concluye que los insurrectos castellanos perdieron el crucial combate contra Carlos I en 1521 porque una tormenta les impidió mover sus tropas. Batallas pedidas por los elementos teníamos la de Trafalgar, de ser cierto la idea mítica que uno recuerda. Uno no sabe si esa nueva investigación será asumida como válida por los historiadores, y si lo es, ¿cuánto tardará en ser asimilada por la conciencia colectiva?. Uno leyó unos cuantos libros de historia, pero la mayor parte de los datos pasaron al olvido. Queda el primer aprendizaje: "Viriato, pastor lusitano...".
Por el ABC se entera uno de que corrió por WhatsApp un teléfono pirata (rebajemos: no publicitado) de la administración sanitaria balear, que si se llama a ese número dan cita para la vacuna sin necesidad de que sea Sanidad quien llame. Uno conoció de siempre esos teléfonos que solo se dan a los amigos, esos teléfonos que se cogen rápidamente porque a ellos solo llaman los de la casa, mientras que cuando suenan los teléfonos públicos, la respuesta mental es "que esperen".
También lee uno en el ABC que Francia potencia el transporte ferroviario vetando los viajes en avión cuando en tren se tarden menos de dos horas y media en trayecto equivalente. A uno le parece una medida acertada para evitar el gasto energético de la aviación, pero no las tiene todas consigo porque la aviación puede recurrir en base a la abundantísima legislación comunitaria que defiende la competencia.
Lee uno en El Mundo que una solución para incentivar la vacuna de AstraZeneca puede ser aplicar la normativa del consentimiento informado. Uno cree que una medida de salud pública como esta no puede caer dentro del objeto del consentimiento informado. Aunque cayera, es decir, aunque alguien firme la voluntariedad de la vacuna, no exime a la Administración de su responsabilidad en caso de que se generen consecuencias adversas porque es la propia Administración la que está fomentando, por el bien común, las vacunas. De acuerdo con el principio del Derecho Romano cuius commoda, eius incommoda: el que se beneficie de lo bueno, que se haga cargo también de lo malo o el que coma la carne, que roa el hueso (que roya, diríamos por aquí).
Lee uno en LNE que Somos apunta al IBI del geriátrico del Arzobispado. El concejal de Somos Oviedo, Rubén Rosón, apuntó que si el Arzobispado quiere abrir una residencia geriátrica en la Casa Sacerdotal deberá pagar los impuestos del IAE y el IBI, “como todo hijo de vecino”. El edil recordó que “cualquier edificio, aunque sea de congregaciones religiosas, si se desarrolla una actividad económica con lucro en su interior, está sujeto a los impuestos municipales”. Uno cree que procede que lo paguen y que lo pagarán sin aspavientos. Uno hace dos lectivas alternativas de esa breve noticia. 1/ El lector pro Podemos: Ahí tienes a Podemos plantando cara a los potentados. 2/ La Prensa pro Iglesia: Vaya fijación que tienen los de Podemos con la Iglesia.
Lee uno en LNE que ocho de cada diez efectos adversos de la vacuna se producen en mujeres. ¿Habrá una lectura feminista de este dato, por ejemplo, que los laboratorios están comandados por varones y que por eso estudian una inmunización por sexos dando preferencia al paisano?
Lee uno que el cese de dos interinos, una psicóloga y una asistente social, retrasa los casos judiciales de violencia de género. Concretamente los salarios de las dos profesionales, que tenían como cometido la elaboración de informes de familia preceptivos para juicios penales y civiles, se pagaban con cargo a los fondos estatales que Asturias recibió en el marco del Pacto de Estado sobre violencia de género. Pero la partida recibida con cargo a esos fondos estatales se agotó y el Principado optó por poner fin a ambos contratos. Uno no entiende que si la necesidad es permanente no se convoquen las plazas y, menos, que sus salarios dependan de artificios contables que no sirven más que para engordar inútilmente la maquinaria administrativa con transferencias de unos entes a otros y tiro porque me toca.
Lee uno en LNE que se anticipa un nuevo revés para FEVE al implantarse un nuevo sistema de seguridad, que hará más lentos los trenes. Esto es consecuencia directa de las medidas dictadas para todos los ferrocarriles a raíz del accidente de Santiago. La culpa la tienen que asumir también todos los que se quejan de que los ferrocarriles no cuentan con los últimos medios ferroviarios de seguridad. Uno cree que no es lógico que en cuanto se implante una medida de seguridad en cualquier artilugio o instalación (un ascensor, una compuerta hidráulica, una ayuda a la conducción automovilística) tenga que extenderse a todos los equipos, y en caso contrario, paralizarlos. No es lo mismo un ferrocarril que circula a cincuenta por hora que uno a trescientos, ni una carretera local, que una autopista de alta capacidad. Cada uno ha de tener una seguridad realista. Dicho eso, el poder judicial no hade ser maximalista, es decir, en caso de accidente, no puede condenar a los responsables de la compañía por no haber invertido aquí en los últimos avances de seguridad de los ferrocarriles nipones. Condenas así empujan en medicina a la medicina defensiva y en la actividad industrial al exagerar los gastos en seguridad. Sentido común, sentido de la proporción, vamos.
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