Es el caso que el mismo Manuel Lafuente, ex presidente del Real Oviedo, declara. Sorprende, sin embargo, que desconozca si sigue pagando la vieja deuda y quiere creer que ya no.Un particular-particular esa duda no la tiene, salvo que sea t.... (palabra que adrede incompletas por políticamente incorrecta). Si los acreedores privados perdonan las deudas, allá ellos, pero ¿no hay ninguna entidad pública perjudicada? ¿nadie lee los periódicos? ¿o las entrevistas paradeportivas no entrar en los recortes de prensa que se sirven en empresas y otrsas entidades públicas o privadas?
28 comentarios:
Pues no se yo si la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza la perdonarán los acreedores, porque una auditoría destapa un agujero de 100 millones en las cuentas que dejó Podemos. El Ayuntamiento tiene que hacer frente a esos pagos y no tiene dinero en el presupuesto.
Una de las primeras decisiones del alcalde Jorge Azcón (PP) nada más tomar posesión, fue encargar una auditoría a la Intervención General del Ayuntamiento para saber, al detalle, el estado de sus cuentas. "Zaragoza lleva muchos años siendo récord en mala gestión. Ningún otro ayuntamiento había metido tantas facturas en los cajones como metió en aquella época el alcalde socialista Belloch". Por eso teme que van a tener que pagar "más de 100 millones de euros en sentencias judiciales que no se pagaron a tiempo". Y la única solución que encuentra para ello es"acudir al Fondo de Rescate puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy".
Un rosario de grietas presupuestarias han ido aflorando en el Ayuntamiento de la capital aragonesa desde que, a finales de junio, llegó el nuevo gobierno municipal PP-Cs y empezó a escrutar las arcas del Consistorio, que había recibido heredadas del anterior equipo Podemos-IU
El portavoz popular, Jaime Pérez, exige al Ayuntamiento de Huelva que reclame al Gobierno central “la deuda de 1.350 millones de euros que Pedro Sánchez tiene retenida a los andaluces”
El Gobierno de Pedro Sánchez usa como excusa el bloqueo para paralizar el pago de entrega a cuenta del ejercicio 2019, el IVA, que suponen 1.350 millones de euros para Andalucía. La ministra Montero hace un año pedía 4.000 y hoy guarda silencio. Vamos a preguntar al alcalde si lo reclamará al Gobierno central porque queremos saber si el Ayuntamiento reclamará igual que le hace a la Junta de Andalucía lo que le corresponde”. Pérez ha denunciado que “el Ayuntamiento ha renunciado al presupuesto de 2019 porque ya trabaja en el 2020 con el de 2018 renovado”.
Sito Pons, Paz Vega, Rodrigo Rato, Patricia Conde o Mario Conde, entre los mayores morosos con Hacienda. Otros conocidos de la sociedad asturiana son el expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Severino García Vigón, con su empresa Energía Astur, o el dueño de la quebrada cadena de ropa Los Telares, Julián Rus. Los grandes morosos todavía deben 14.100 millones de euros a Hacienda. La Agencia Tributaria publica la nueva relación de grandes deudores y señala a 4.028 contribuyentes que deben 14.100 millones al Fisco. La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros. Hacienda ha realizado 6.000 inspecciones a los acogidos a la amnistía fiscal y ha recaudado 417 millones de euros por estas investigaciones, de los que 123 aún están pendientes de liquidar. La amnistía fiscal desvela indicios de 705 políticos y funcionarios que habrían blanqueado capitales
Trabajo sigue la estela de Hacienda: publicará listas de morosos con la Seguridad Social
La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal de 2012 puede tener repercusiones políticas y también dificultar que en el futuro se intenten procesos semejantes en España, pero la situación tributaria de las 29.000 personas físicas y 618 empresas que se beneficiaron de aquel procedimiento es "inamovible", según los expertos. El propio fallo, que prohíbe revisar las decisiones que hayan adquirido firmeza, y el tiempo transcurrido desde la amnistía (más de cinco años) blinda a los evasores, entre ellos unos 400 asturianos que pagaron 16 millones de euros por regularizar su dinero, según una estimación del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Quienes se acogieron a ella pudieron legalizar sus fondos a cambio de pagar el 10% de los rendimientos obtenidos en los cinco últimos años. Evitaron así el pago de sanciones e intereses de demora y también el riesgo de ser acusados de fraude tributario si la cuota impagada superaba los 120.000 euros. La amnistía cubría las obligaciones tributarias, aunque no otras si el origen del dinero era ilícito. De ahí las investigaciones sobre el exlíder minero José Ángel Fernández Villa o el exministro Rodrigo Rato.
Al margen de esos y otros casos que están en los tribunales penales, quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal no estarán obligados a tributar más de lo que pagaron en 2012 aunque la sentencia del Constitucional diga cosas como la siguiente sobre el proceso: "Viene (...) a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".
"Siempre te llamó la atención la existencia de ciudadanos condenados a pagar importantes sumas, pero que seguían haciendo la misma vida de antes." Si se busca en Internet, se pude sacar una lista in-completa de ciudadanos que cumplen esa condiciones. Al final, quien paga siempre, es el contribuyente. El dinero público es de... y lo gasta... ¿Cuánto nos van a costar unas nuevas elecciones? ¿Quién las paga? ¿Cuánto dinero se destina a los sindicatos? En qué se gastan los sindicatos el dinero público que reciben en subvenciones? UGT pagó con dinero público una cena de lujo para 180 personas. En total, la factura del convite ascendió a 11.671 euros, a 60 euros el menú, y se pagó con dinero público destinado al funcionamiento del sindicato. CC.OO. y UGT cobran casi tres millones de euros por 82.000 delegados «fantasma». Las centrales de clase perciben subvenciones por contar con falsos representantes en 50.000 empresas que cerraron durante la crisis. De los 280.000 delegados sindicales, el 30% no ejercen esa labor, pese a estar inscritos como tales en el registro de Empleo. El Boletín Oficial del Estado, en Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, publica las subvenciones concedidas a los sindicatos. T
Tanto CCOO como UGT han trincado la nada desdeñable cifra de 4 millones de euros, así por la cara. Por si no fuera suficiente con estos importes, también se asignan subvenciones de forma directa (o sea, a dedo) a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. ¿Y quiénes han sido los agraciados? Pues de nuevo la casta sindical y la CEOE.
¿Cuánto dinero recibe un partido por voto? ¿Y por escaño? El Estado abona a los partidos 32.508,74 euros por cada escaño en las europeas y 21.167,64 euros por cada escaño del Congreso y del Senado, más un euro y ocho céntimos (1,08€) por cada voto cosechado. Los partidos políticos recibirán 52 millones en subvenciones ordinarias en 2019. El coste de las elecciones generales del 10 de noviembre será de 140 millones de euros para el contribuyente. Las diferentes partidas que hay que organizar incluyen el trabajo de Correos, despliegue de policías, telecomunicaciones... Sufragar el voto por correo es una de las partidas más costosas de los comicios, supone el 41% de todo el gasto. El Gobierno tendrá que aprobar una ampliación de crédito en el que no se incluye las subvenciones a partidos políticos para este proceso.
El Gobierno recoloca en la dirección de Renfe a un condenado del PSOE por las 'black'. El Ejecutivo readmite en el ente público ferroviario a un antiguo dirigente de la federación socialista de Madrid que gastó 120.000 euros con la tarjeta opaca y ha pasado 10 meses en la cárcel. Se trata de Francisco José Pérez Fernández, secretario de Organización del PSM durante la etapa de Tomás Gómez y antigua mano derecha en la misma federación de Rafael Simancas, actual secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Pérez Fernández se acaba de incorporar (16/09/2019) a la estructura de su Dirección General de Fabricación y Mantenimiento.
La compañía pública, dependiente del Ministerio de Fomento, está controlada desde que el PSOE llegó a Moncloa en junio de 2018 por un alto cargo de la máxima confianza del partido, Isaías Táboas, secretario general de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno de José Montilla y secretario de Estado de Transportes entre 2010 y 2011, en el último tramo de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo cuatro semanas después de sacar a Mariano Rajoy del Gobierno, Sánchez nombró a Táboas presidente de Renfe.
Pérez Fernández, sin conocimientos ni experiencia previa en la industria del transporte —es licenciado en Ciencias Políticas—, entró en Renfe en 2010, justo cuando tuvo que abandonar la Comisión de Control de Caja Madrid por el proceso de fusión que dio lugar al nacimiento de Bankia. Solo unos meses después de dejar su salario en la entidad, el Ejecutivo socialista de Zapatero le encontró un nuevo acomodo en la compañía pública ferroviaria.
El Tribunal Supremo lo condenó en firme en octubre de 2018 a dos años y medio de prisión por utilizar una tarjeta opaca de la caja de ahorros para hacer compras por importe de 120.746 euros. Los pagos se produjeron entre 2003 y 2010, cuando ocupaba un asiento en la Comisión de Control a propuesta del PSOE. El grueso del dinero, en torno a 100.000 euros, lo dedicó a comidas y cenas en restaurantes. El resto de los fondos terminó en un céntrico hotel de Madrid, El Corte Inglés, la Casa del Libro y Montblanc, entre otros establecimientos.
Sólo 10 meses después y casi a la vez que el resto de exdirectivos de la caja, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, le concedió el régimen de semilibertad y le permitió cumplir el resto de la pena en la calle bajo la supervisión de un centro de inserción social.
La compañía dependiente del ministerio que dirige en funciones José Luis Ábalos ha permitido ahora que se reincorpore a un puesto de su estructura directiva para asumir tareas de gestión y de carácter administrativo, admiten desde la empresa pública.
El Tribunal de Cuentas ha cerrado el proceso de fiscalización de las cuentas de la Expo 92, con la denuncia de unas pérdidas cifradas en 35.258 millones de pesetas desde su constitución hasta el final de 1992. El PP calificó este episodio de «monumento a la chapuza» de los gobiernos socialistas, mientras que el PSOE destacó la «enorme trascendencia» que tuvo para España el proyecto de la Expo.
La central nuclear de Lemóniz fue una central nuclear que no llegó a ser puesta en funcionamiento debido a la moratoria nuclear aprobada por el gobierno socialista de Felipe González en el año 1984. Cuando las obras finalizaron y se disponía a su puesta en funcionamiento (tan solo faltaba la introducción del combustible nuclear), fue paralizada y posteriormente desmantelada, costando ese proceso un total de 6000 millones de euros (998.316 millones de pesetas).
La Central Nuclear de Valdecaballeros es una central nuclear que no llegó a ser puesta en funcionamiento. Durante su construcción llegaron a trabajar en el recinto más de 4.000 personas y durante aquel periodo el municipio llegó a contar con varios hoteles y restaurantes para prestar servicio a los trabajadores. Pero en 1984 se empezó a realizar una reestructuración de los proyectos nucleares en España y la moratoria nuclear.
Tres años antes, en 1991, se habían paralizado las obras de la Central nuclear de Valdecaballeros además de las de Lemóniz, Trillo, Regodola y Sayago. En aquel momento el reactor Valdecaballeros I estaba finalizado a un 80% y Valdecaballeros II al 60%, tras su paralización ni esta central ni el resto de las nombradas jamás llegó a ser puesta en funcionamiento. Estos gigantes de hormigón siguen en pie porque era demasiado costoso derribarlos, probablemente queden así para la eternidad.
Tras la paralización de las siete centrales nucleares proyectadas, las pérdidas totales alcanzaron los 4.359 millones de euros. De ellos en la central de Valdecaballeros se habían invertido más de 2.000 millones. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994, estableció que las compañías eléctricas deberían ser compensadas económicamente por las pérdidas que obtuvieron al ser paralizados los proyectos. Se planteó un recargo en la facturación por venta de energía a los consumidores, dicho recargo se comenzó a aplicar a partir de 1995 y estaba contemplado que se amortizase en 25 años.
Tras una inversión acumulada de más de 50.000 millones cubierta en buena medida a costa de convertir a esta entidad en la empresa pública más endeudada de España, la millonaria multa de 118,4 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 15 empresas por repartirse licitaciones de infraestructura ferroviaria de Adif es el último capítulo de la serie de escándalos, sobrecostes y corruptelas que han acompañado a la alta velocidad española casi desde la inauguración de la primera línea de AVE (Madrid-Sevilla) en abril de 1992. Tras ese ingente desembolso y el que está por venir (hay cerca de un millar de kilómetros en construcción, más que en ningún otro país europeo), el AVE se utiliza cada vez más, pero todavía muy por debajo de sus posibilidades.
La CNMC impuso esta millonaria multa a tres cárteles que llegaron a operar durante hasta 14 años para amañar centenares de licitaciones, la mayoría (cerca de 900 millones) relacionadas con el AVE. Entre ellas están filiales de algunas de las principales constructoras españolas, empezando por la más importante, ACS, sobre la que ha recaído (a través de cuatro filiales) la mitad del importe de las sanciones finalmente impuestas. No es la primera vez que la CNMC desmonta un cártel relacionado con el AVE. En 2016, ya impuso una multa de 5,64 millones a cuatro empresas y nueve de sus directivos por repartirse adjudicaciones de suministros de desvíos ferroviarios de Adif, muchos de ellos relacionados con la alta velocidad.
En febrero, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que alertaba de sobrecostes del 186,21%, equivalentes a más de 7.637 millones, en los convenios urbanísticos llevados a cabo por las Sociedades públicas de Integración del Ferrocarril (SIF)
El llamado "caso AVE", que comenzó a instruirse en 1994, surgió cuando la instrucción de la denominada trama Filesa de financiación ilegal del PSOE detectó el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto a Alstom de contratos del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE.
España es campeona europea en líneas de AVE, con más de 3.100 kilómetros construidos y una red con tramos que no superan el 8% de utilización. España ha recibido "casi la mitad de la financiación de la UE concedida a inversiones de ferrocarril de alta velocidad", más de 11.000 millones, con un "ineficiente” resultado, según cuestionó el Tribunal de Cuentas de la UE en un durísimo informe publicado el año pasado.
En 2013, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación tras una denuncia de un subcontratista de una de las empresas investigadas, Isolux Corsán derivó en la denominada operación Yogui con la que la Guardia Civil detuvo a 10 personas. A esa investigación, que afloró el pago de safaris, vino, coches y viajes de lujo a responsables de Adif a cambio de aceptar facturas hinchadas en las obras, se sumó la que dirige el juzgado de Instrucción 26 de Barcelona, sobre irregularidades en tres contratos adjudicados entre febrero de 2008 y abril de 2010 a tres UTES formadas por Acciona-Copcisa; ACS-Acciona-Comsa-Acsa y Rubau-Copisa-FCC Construcción-Ferrovial.
Las pérdidas de la empresa pública rozaron en 2017 los 200 millones y su deuda superó por primera vez los 15.000 millones.
Corrupción en Renfe: dos ex ministros y dos políticos leoneses amigos de Zapatero gastaban a todo tren.
Ángel Villalba y Juan Díez eran íntimos amigos de José Luis Rodríguez Zapatero, y sus adjudicaciones fueron a dedo e «ilegales».
Villalba, ex secretario del PSOE de León, y del PSOE de Castilla y León, en la etapa en la que Zapatero se aupó al poder en España desde aquella ciudad, patrocinó la carrera política del expresidente del Gobierno, y éste le devolvió el favor haciéndole presidente de FEVE.
Juan Díez López, amigo personal del presidente y ex-director general de la compañía, ha reclamado 415.000 euros de indemnización al Gobierno por despedirle sin respetar su contrato.
Un mundo feliz se ha venido abajo con el gasto descontrolado a todo tren, que ahora deben pagar los contribuyentes.
El ruinoso negocio del AVE, promovido por Fomento: “La Renfe está supeditada al partido de turno y las familias políticas ganan importancia en función de si está el PP o el PSOE. Y estos mantienen un pacto de no agresión”, afirma un alto cargo. “En España te toca la lotería en función de la procedencia del ministro de turno y de los que le rodean”
El AVE protagoniza un crecimiento imparable en España, apenas detenido por la crisis; aunque se haya pasado de diseñar líneas de doble sentido a la aparentemente menos cara vía única. España compite en número de kilómetros (segundo país del mundo tras China) y en velocidad (222 kilómetros por hora de media, más que Japón) pero no en pasajeros ni en rentabilidad económica y social.
Anticorrupción pide interrogar a Corinna por las supuestas comisiones al rey emérito en el AVE a La Meca. Corinna afirmó al comisario jubilado Villarejo, que el rey emérito cobró parte de una comisión de 80 millones de euros por la construcción de la línea de alta velocidad en Arabia Saudí en 2011.
Anticorrupción considera que los datos aportados por Corinna son “precisos y susceptibles” de presentar una querella. La querella se dirigiría contra los empresarios que hubieran participado en la operación, entre ellos Juan Miguel Villar Mir. Nunca afectaría a Juan Carlos I porque los hechos acontecieron antes de su abdicación en junio de 2014 y por tanto, seguía gozando de inviolabilidad.
El juez Diego de Egea, archivó a petición de Anticorrupción tanto la supuesta propiedad inmobiliaria del rey emérito en Marruecos, donde siempre según su amiga íntima, la utilizó de testaferro, como el caso de las supuestas cuentas de Juan Carlos I en Suiza. El juez argumentó que entre la multitud de documentos incautados a Villarejo, no hay ningún dato que corrobore o dé verosimilitud al testimonio de Corinna, y sostuvo que su confesión era imprecisa, no aportaba pruebas incriminatorias, y podía estar motivada por el resentimiento.
Irene Montero abochorna a Ábalos por enchufar al condenado de las tarjetas black (16 de septiembre de 2019) La cúpula de Podemos aprovecha la readmisión en RENFE de un dirigente socialista tras salir de prisión, para recordarle a Sánchez que en sus filas también hay corruptos.
La número dos de Podemos ha hecho resumen de los logros de Francisco José Pérez Fernández haciendo hincapié en que tras 120.000 euros gastados, 2,5 años de condena y 10 meses en la cárcel, el Gobierno ha decidido "colocarlo en la dirección de RENFE", sentenciando con una contundente frase "para esto sí que hay agallas".
La política de nombramientos y enchufes de Pedro Sánchez ya fue muy polémica en la pasada legislatura, con designaciones muy polémicas en decenas de cargos de la Administración Pública, algunas tan llamativas como las del ex secretario de Organización socialista Óscar López al frente de Paradores; del responsable de Programas del PSOE, José Félix Tezanos, como director del CIS; de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, como presidente de Correos; o de José Vicente Berlanga Arona, que viene de Filosofía, al frente de la empresa nacional de Uranio-Industrias Avanzadas (Enusa).
El potente Grupo ALSA parece haber patinado en su implantación en el mundo ferroviario. Su división ferroviaria que opera trenes turísticos ha sido llevada a los tribunales por el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical (SF-Intersindical). En concreto, ha denunciado a ALSA ante la Fiscalía General del Estado, dando entrada su requerimiento de transparencia, con fecha del pasado día 20 de diciembre, en el Departamento Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
SF-Intersindical afirma que entre varios entes públicos (Renfe, Adif y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles) y uno privado (ALSA-RAIL) existe un tejemaneje de cesiones de material ferroviario “con un posible uso irregular”, de lo que se beneficia ALSA “que hace negocio con trenes que son públicos y por tanto del conjunto de la sociedad”.
Los sindicalistas opinan que la situación es “esperpéntica”, y señalan como irregulares “el Tren de Felipe II o el de las Navidades Mágicas, u otros trenes Charter disfrazados de Trenes Turísticos que son operados por ALSA utilizando material propiedad de Renfe y Adif”.
Las sospechas de SF-Intersindical sobre presuntas anomalías de ALSA van más allá, y también solicitan que se investiguen cómo realiza las “prácticas a su alumnado de conducción”, y si existen “irregularidades en el mantenimiento de los vehículos”. Incluso, se preguntan “por qué Adif permite la circulación de estos trenes y averiguar quienes, desde instituciones públicas, están facilitando este asunto”.
Fomento ascendió al acusado de corrupción de Adif a jefe de todas las obras del AVE. Antes era el director de la Línea de Alta Velocidad Noreste. Elevó los costes de ejecución de esas obras de 86 a 92 millones de euros. Los representantes del Ministerio Público aseguran que Rodríguez G. aceptó regalos de la constructora Corsán, adjudicataria de las obras, a cambio de aprobar ese incremento de coste.
Miguel Corsini Freese -miembro de otras ramas de la familia- es el Corsini más conocido. Fue presidente de Renfe en la era Aznar y consejero de Caja Madrid en la era de las 'tarjetas black'.
Podemos e Izquierda Unida han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a 28 políticos y empresarios, entre ellos ocho ministros, a quienes acusa de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos en la gestación de la Operación Chamartín, que habrían causado un quebranto de 2.780 millones de euros.
Aunque fue el Gobierno municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena el que firmó la redacción definitiva del proyecto, en la denuncia no aparece ninguno de sus miembros.
El "quebranto a las arcas públicas" que calculan Podemos e IU corresponde a tres conceptos. El principal es la modificación del precio, que según estas formaciones ha costado al Estado 2.117 millones de euros. "¿Cómo se puede explicar que, a lo largo de los últimos 25 años, se haya triplicado el terreno vendido por parte de Renfe y luego Adif y se haya cambiado varias de las cláusulas clave, la mayoría a favor de la empresa adjudicataria?", preguntan Podemos e IU. Las formaciones también censuran que dos directores generales de Renfe, Juan Antonio Villaronte y Ramón Escribano, formaron parte del consejo de administración de DCN (actual Distrito Castellana Norte o DCN).
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha negado cualquier responsabilidad en la gestación de la Operación Chamartín, de Madrid, y se ha mostrado convencido de que la denuncia de Podemos e IU "no tiene recorrido, más que la intencionalidad política" de dañar al PSOE.
Cuando un ciudadano quiere saber en qué se gastan su dinero las grandes multinacionales de nuestro país, suelen encontrarse con una serie de trabas burocráticas que lo impiden y que arrojan dudas sobre la limpieza en la gestión. Las grandes empresas públicas españolas suspenden en transparencia al rendir cuentas al ciudadano. Un informe de Transparencia Internacional-España (TI) revela que el nivel de transparencia de las 45 grandes empresas públicas españolas es “manifiestamente mejorable”. Además, el informe confirma por qué algunas de las grandes empresas españolas de gestión pública se han visto salpicadas por sonados casos de corrupción en los últimos años.
El análisis ratifica otro informe anterior elaborado por la misma organización en el año 2017, y que apunta que nuestro país obtiene el peor resultado desde 2009 en el índice de percepción ciudadana de la corrupción.
En total, las empresas públicas sometidas a estudio acumulan un volumen de facturación global de 25.000 millones de euros –el 2,3% del PIB español y el 98% del sector público estatal–, con una inversión total en activos de 227.000 millones de euros (un 22% del PIB). “Un volumen ingente de recursos públicos que hace necesario un mayor y mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hacen, gastan, e invierten estas grandes empresas españolas, que cuentan en conjunto con cerca de 140.000 trabajadores”, asegura el informe de los especialistas en corrupción de TI-España.
Entre las peor valoradas en transparencia global está Hunosa (36,7), RTVE (35,8), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Casa de la Moneda (35,8), Acuamed (33,3), Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio-Segipsa (28,3), Paradores de Turismo España (25) y Entidad Pública Empresarial de Suelo (18,3).
¿Por qué las empresas públicas son más corruptas que las privadas?
Cualquier sistema cuyo funcionamiento dependa de las conexiones políticas, y que además combine un excesivo intervencionismo público con el capitalismo, crea inevitablemente un círculo vicioso. Tanto que este entorno económico puede crear primer un capitalismo de Estado o capitalismo de amiguetes, que luego se transforma en una dictadura contraria a la libertad económica, a la propiedad privada, a los derechos humanos, etc. Las dos principales causas que han deteriorado nuestra pseudo-democracia son el intervencionismo estatal y la politización de la Justicia. Las dos estrategias preferidas y utilizadas para mantenerse en el poder, puesto que las mismas son la base, junto con el secuestro de los medios de comunicación, sobre la que se asienta cualquier sistema comunista.
El ADIF reclamará a Renfe 1,4 millones por los daños que le ocasionó el accidente del Alvia en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, en Angrois, a la entrada de Santiago.
Para reponer la infraestructura y la vía dañadas el ADIF empleó 700.309 euros. Aunque también hubo que hacer reparaciones en la catenaria (181.500 euros) o utilizar trenes talleres (223.768 euros), entre otros gastos, como los del personal propio (16.500 euros).
El juez da por terminada la investigación del accidente del Alvia con un cargo de Adif y el maquinista como acusados. El instructor considera al director de Seguridad de la empresa pública único responsable de los fallos de seguridad del AVE Ourense-Santiago y equipara su actuación a la del conductor como delitos de homicidio por imprudencia.
En el auto el juez pone el foco en la falta de evaluación de riesgos de la línea previa a su inauguración en 2011 y de la desconexión del sistema de control de la velocidad a bordo de los Alvia en 2012, un año antes del siniestro, pedida por el director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y que fue autorizada por Cortabitarte en unas pocas horas.
La Audiencia Provincial de A Coruña le ordenó al instructor investigar mejor si Adif había analizado como debía, los riesgos existentes en la línea de AVE Ourense-Santiago, en la que ocurrió el accidente. Fruto de esas nuevas investigaciones llegaron a estar imputados en los últimos años otras seis personas además del maquinista: Cortabitarte como máximo responsable de la seguridad de Adif; un subordinado suyo; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; y tres técnicos de la consultora pública Ineco que declararon en el juzgado que no analizaron los riesgos de la curva de Angrois porque Adif no se lo encargó.
Renfe y Adif, a la Fiscalía por no hacer accesibles estaciones de Cercanías. Las personas con discapacidad y movilidad reducida se encuentran en una situación de aislamiento, abandono y discriminación. "El Ministerio de Fomento, Adif y Renfe Operadora, entidades responsables, no permiten el tránsito o desplazamiento con autonomía y seguridad, puesto que las estaciones son totalmente inaccesibles".
De todas estas reclamaciones judiciales se haría cargo la aseguradora QBE, titular del seguro de responsabilidad civil de Renfe. QBE Insurance, ha consignado dinero en tres ocasiones en el juzgado de instrucción que lleva el caso, el número 3 de Santiago. La aseguradora de Renfe ha adelantado 15 millones para pagar indemnizaciones. Las víctimas han podido retirar el dinero del juzgado en concepto de anticipo. la aseguradora de Renfe Operadora advierte que no supone un reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa pública ferroviaria, porque aunque lo normal es que se le condene al pago de las indemnizaciones, eso es algo que solo se conocerá cuando la sección compostelana de la Audiencia Provincial dicte sentencia.
«Había que inaugurar la línea antes de que hubiese un cambio de Gobierno», ha afirmado el técnico de Renfe, que pide conocer la verdad política, y señala al Ministerio de Fomento como responsable de las decisiones políticas que se tomaron. «A los gallegos se nos quiso vender algo que no era cierto como era la llegada de la alta velocidad a Galicia. Estaba adulterado y pretendían dar gato por liebre, era mentira y comportaba unos riesgos que, desgraciadamente, la fatalidad y otros hechos hicieron que se produjera el accidente». «Primaron razones comerciales frente a razones de seguridad» (...) «me parece una chapuza, tanto la infraestructura como el tren estaban hechos de retales» ha afirmado un técnico de Renfe durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre el accidente de tren ocurrido el 24 de julio de 2013 en la curva «A Grandeira» de Angrois.
Lunes, 16 septiembre 2019. Adrián Barbón, en su reunión con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, prolongada durante una hora y 45 minutos, le arrancó el compromiso de terminar la variante de Pajares e iniciar la fase de pruebas «a inicios de 2021». Ábalos también le prometió un plan de choque para solventar los problemas más urgentes de la red de cercanías en Asturias, como las cercanías ferroviarias, el peaje del Huerna, la ampliación de la 'Y' con un carril adicional y su conexión con la AS-II, la suerte del plan de vías… la lista de temas es amplia y llena de urgencias, algo que contrasta quizás con el margen de maniobra del responsable estatal.
En lo tocante a cercanías, hay un pesimismo fundado. El comité de empresa de Renfe estima en 4.000 las cancelaciones sufridas este año, fundamentalmente en los servicios de Feve. La mayor causa de incidencia responde a la falta de repuestos y la avanzada edad del parque ferroviario de ancho métrico. La compañía tiene en tramitación un pedido de nuevas unidades pero no se espera que lleguen antes del año 2022, con el condicionante añadido de que los planes de cercanías actuales programan que la mayoría de ellas recalen en Cantabria y no en Asturias.
El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero ha incidido en la necesidad de que haya Gobierno para que se cumplan los plazos, ya que sin Ejecutivo «va a ser difícil mantener lo comprometido».
Canteli, «desencantado» con la reunión entre Barbón y Ábalos. «Espero mucho del presidente del Principado, pero cuando lees diez puntos y Oviedo no sale en ningún momento parece que te quedas un poco desencantado, espero que en el futuro no sea así».
Promesas políticas: Deudas prescritas.
No hay dinero en el Principado para terminar los proyecto en Asturias.
Asturias ha despilfarrado 2.380 millones en infraestucturas en las dos últimas décadas.
Y a esa cifra hay que sumar otros 3.500 millones mal invertidos en la Variante Pajares y 826 millones en la ampliación del Puerto de Gijón.
Algunos definen el despilfarro como «la falta de eficiencia, esto es, la ejecución de tareas a un coste mayor al mínimo posible... que casi siempre conlleva sobrecostes respecto a un funcionamiento eficiente».
Una lista de proyectos en los que considera que ha habido despilfarro en Asturias:
-Metrotren Asturias/Metro Gijón: 137,7 millones
-Regasificadora de Musel y gasoducto:394 millones
-Palacio de Congresos de Oviedo: 360 millones
-Polígono industrial de Bobes (Siero): 100 millones
-ZAL e Industriales de Asturias (ZALIA): 45 millones
-Centro cultural Oscar Niemeyer (Avilés): 43,4 millones
-Hospital Universitario Central de Asturias: 1.300 millones
-TOTAL: 2.380,1 millones
Pero hay más:
Otros 3.500 millones de despilfarro en la Variante de Pajares. El proyecto más controvertido es el túnel de Pajares, en estos momentos con un sobrecoste de 1.890 millones, superior al 100% del presupuesto inicial. «en 2014 la Fiscalía de Asturias abrió diligencias para investigar el origen de estos sobrecostes y, en 2017, la Guardia Civil investigó a tres empresas por supuestos sobornos, en la operación «Yogui» que afecta también a otras líneas». El despilfarro total en las líneas de AVE españolas en dos décadas asciende a 26.240 millones.
La ampliación de Musel también merece mención a parte en el informe dentro de la categoría de «recursos comprometidos de forma inadecuada, con elevados sobrecostes o infrautilizados
en la red de puertos y aeropuertos competencia de la administración general del Estado». La demanda en el Tribunal de Cuentas que reclama 137 millones a los exdirectivos portuarios.
(Continuación)
FINCA A CABANADA (CASTRAPOL) 1.200.000 € Casona comprada por el Principado en 2007 para convertirla en un complejo de agroturismo. Una década después, la finca ha sido invadida por la maleza y los escombros.
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSEO DEL CINE (LUARCA) 2.000.000 € Nueve años después sigue cerrado y con una orden de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por incumplirla normativa urbanística.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE «CASA FLORENCIO» (DEGAÑA) 1.700.000 € La Consejería de Medio Ambiente anunció su inauguración en 2010, después de comprar la finca y habilitarla con fondos mineros. Nunca se abrió.
AZUCARERA DE PRAVIA 4.542.870 € El Ayuntamiento de Pravia empezó a rehabilitar la antigua fábrica con ayudas del Principado en 2010. Las obras están paralizadas.
CENTRO NIEMEYER (AVILÉS) 44.000.000 € Fue recogido por la Revista Time como uno de los símbolos de las obras faraónicas construidas en España durante el burbuja inmobiliario y que están actualmente infrautilizadas.
CASA DE ENCUENTROS DE CORVERA 1.600.000 € Su obra comenzó en 1999 con fondos europeos, pero tras numerosos problemas entre el consistorio y las empresas constructoras, tuvo que ser demolida en 2013.
LA REGASIFICADORA DE EL MUSEL 380.000.000 € Las obras finalizaron en 2012, pero aún no se han puesto en marcha. El gobierno ha repercutido desde entonces más de 130 millones de euros en las facturas de los usuarios para el pago a Eneagás, la empresa responsable de su construcción.
EL MUSEL 623.600.000 € La ampliación del puerto de Gijón tuvo un sobrecoste de más de 137 millones de euros
EL METROTREN 106.000.000 € Las obras de este túnel ferroviario de 3,5 kilómetros de longitud han estado suspendidas desde 2006 hasta mediados de 2018. Se desconoce el coste del mantenimiento de esta galería durante estos años.
LABORAL CENTRO DE ARTE INDUSTRIAL 11.000.000 € Desde su inauguración, este espacio artístico arrastra una deuda de 1,7 millones de euros que le ha obligado a reducir sus horarios de apertura y sus proyectos expositivos.
(continuación II)
LABORAL CENTRO DE ARTE INDUSTRIAL 11.000.000 € Desde su inauguración, este espacio artístico arrastra una deuda de 1,7 millones de euros que le ha obligado a reducir sus horarios de apertura y sus proyectos expositivos.
LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE EL CRISTO 35.000.000 € Los depósitos fueron inaugurados en 2004 aunque nunca se pudieron poner en funcionamiento porque
carecían de conexiones de entrada y salida.
LAS OFICINAS DEL PRINCIPADO DE EL CALATRAVA 58.000.000 € El Principado compró en 2004 las alas del edificio Calatrava –otro de los símbolos del despilfarro con
un coste de 350 millones de euros– en una operación «irregular e ilógica» según un informe policial.
LOS PALACIOS 4.500.000 € En 1996 el Ayuntamiento de Oviedo inició una expropiación que acabó con el pago de 4,5 millones de euros a sus propietarios. Hoy la maleza lo invade todo.
EL SPA DEL NARANCO Las obras llevan años abandonadas, provocando molestias a los vecinos al haberse convertido en un refugio de ratas, jabalíes y en un foco para los mosquitos.
FINCA «EL PEVIDAL» 3.600.000 € El Principado compró esta finca en 2005 a los Masaveu para construir un complejo multiusos en el parque del Naranco. Nunca se construyó.
VILLA MAGDALENA 23.500.000 € La expropiación del palacete Villa Magdalena en la Avenida de Galicia, es uno de los mayores despilfarros cometidos en los últimos años en Oviedo.
MUSEO DE LA LECHERÍA MORCÍN 1.100.000 € El Principado construyó un museo en las antiguas tolvas del Pozo Monsacro de Hunosa con cargo a los fondos mineros. Las instalaciones, finalizadas en 2008, nunca se abrieron.
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL CAMPUS DE MIERES 4.100.000 € Inaugurada en 2012 gracias a los fondos mineros, nunca ha superado el 30% de su ocupación. Para el curso 2017-18, sólo tenía cubiertas 10 de sus 113 plazas.
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA FAUNA (LADIENES, SOBRESCOBIO) 7.000.000 € El centro veterinario y de educación ambiental lleva cerrado desde 2009 y fue financiado en su mayoría con fondos mineros. Por su estado de abandono, ha sido desvalijado y la maleza cubre parte de la cubierta.
CENTRO STEPHEN HAWKING (LANGREO) 7.500.000 € El Principado anunció su creación en 2004 como el centro llamado a convertirse en referente estatal para personas con graves discapacidades neurológicas, financiado fundamentalmente con fondos mineros. Tras diez años de obras, nunca abrió sus puertas.
CENTRO DE ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES DE EL ENTREGO (S.M. REY AURELIO) 900.000 € Inaugurado en 1996, nunca fue abierto al público. Fue derribado en 2012.
CENTRO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (AMIEVA) 2.000.000 € La construcción de cinco naves industriales fueron financiadas por las Consejerías de Medio Rural y Pesca y de Industria, y por un préstamo del Ministerio de Industria. Las obras nunca se concluyeron.
FINCA «LES LLANES» (COVADONGA, CANGAS DE ONÍS) 3.000.000 € El Principado adquirió esta finca en 2006 para construir un ascensor panorámico al Santuario de Covadonga, un aparcamiento y un centro de recepción de visitantes. Nunca se construyó.
La «ganga» de ser musulmán en España: ayudas al alquiler, becas de libros, pensión sin cotizar. Las administraciones públicas en España han abierto sus brazos para ayudar a los musulmanes. Así reciben una infinidad de ayudas por encima de los españoles. Mientras que muchos españoles con hijos a cargo y en el paro deben sobrevivir al mes con 426 euros, los inmigrantes extranjeros, sobre todo los musulmanes , se aprovechan de una infinidad de ayudas y beneficios. Las ayudas, en ocasiones, llegaban hasta los 2.000 euros. Sin embargo, los españoles, a pesar de ser muy pocos, se encontraban entre los que menos dinero percibían. la web islamista Alandalusislamica.com difundía mensajes de ánimo a los musulmanes para que se establecieran en ciudades determinadas de España para recibir ayudas públicas. en Cataluña, los musulmanes procedentes de Marruecos viven el 80% de las ayudas sociales. Perciben de fondos públicos 600 euros por persona, pero siete mil de los beneficiarios no vivirían en Cataluña, sino en su país de origen a donde se los manda el dinero. con abundante población musulmana se encuentra la Comunidad Valenciana en la que con sólo llevar empadronado un año en cualquier municipio sirve para cobrar una paga de 532 euros. Y si además tienes hijos, la cifra asciende a 775 euros. A estas subvenciones, además, se pueden sumar las relacionadas con el alquiler que suelen dotar de unos 250 euros mensuales. La situación del País Vasco no es diferente. el Gobierno vasco concede a personas en riesgo de exclusión, 625 euros de RGI, más otros 250 euros complementarios para el alquiler de una vivienda. entre los terroristas islámicos detenidos en España se encontró que el marroquí Saib Lachhab, antiguo combatiente en Siria contra Assad, estaba cobrando al mes 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Gobierno vasco y 250 euros más como complemento de vivienda. los españoles no tienen asegurada su pensión después de haber trabajado durante décadas, pero decenas de extranjeros la perciben si haber cotizado un sólo día de sus vidas.
23,8 millones de euros es el coste de los sueldos, viajes, extras y demás facturas desde el 28A. Al gasto de la legislatura fracasada (no se ha aprobado ni una sola ley) hay que sumarle 140 millones que costará el 10N; y van 540 millones en citas electorales desde 2015.
16,28 millones de euros corresponden a los sueldos de los diputados y senadores. Sus salarios se sitúan en torno a los 5.000 euros, más de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (900 euros). Han pasado 146 días. Unos cinco meses en los que el Ejecutivo ha estado en funciones y el Congreso y Senado apenas han tenido actividad. La factura diaria por los sueldos de los parlamentarios asciende a más de 132.000 euros.
Se ha destinado en estos 146 días 6,5 millones en ayudas a grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado, ya que se reparte una cifra fija al mes de ayudas extra a los grupos y a las actividades de cada parlamentario. Hay que tener en cuenta también el más de medio millón que el Congreso ha gastado en viajes entre el 1 de abril y el 30 de junio. En el caso del Senado esta cuantía no ha sido revelada. Además, el Congreso adjudicó un contrato de más de 500.000 euros para la adquisición de las tablets.
La familia Rato quebró dos bancos en los años sesenta. Las andanzas del padre y el hermano del ex-presidente del conglomerado bancario de Bankia, Ramón Rato y Rodríguez San Pedro y Ramón Rato Figaredo, hicieron que los dos acabaron en la cárcel el 2 de noviembre de 1966, cuando un auto del juez ordenó la detención de ambos familiares “por haberse comprobado la existencia de hechos susceptibles de ser calificados como delito monetario”.
La solución a la malograda situación del Banco Popular por parte del FROB y el MUR tras meses de agonía bursátil, debido a la incapacidad de la dirección para hacer frente al gran lastre de ladrillo, ha sido adjudicarlo al Banco Santander por 1 euro. A cambio del euro por el Banco Popular, el Banco Santander ampliará su capital para poder sanear las cuentas del Banco Popular con 7.000 millones de euros, pero el Gobierno del PP ha insistió que no se van utilizaran fondos públicos y, por tanto, no recaería esta losa en los contribuyentes españoles, sino sobre los accionistas y bonistas del Banco Popular.
Ha habido muchos rescates durante la historia bancaria de España en estos últimos años. Con la crisis financiera desatada en septiembre del 2008 con la quiebra del Lehman Brothers, la primera intervención que se realizó fue la Caja Castilla-La Mancha (CCM) por parte del Banco de España. La CCM fue intervenida por el Fondo De Garantía de Depósitos (FGD) y adjudica después a Cajastur, actualmente Liberbank.
En esos momentos, en el sector financiero y en especial las cajas de ahorros, la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada se puso de moda con el fin de reforzar su capital, con gran colocación entre los particulares que después de un tiempo acabaron en reclamaciones judiciales.
Ante el miedo a una caída en cadena de las cajas de ahorros, el Gobierno impulso las fusiones entre las entidades, principalmente entre las cajas de ahorros, que se impulsaban con dinero público a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo directivos falsearon sus cuentas y saquearon a la entidad cobrando remuneraciones excesivas, fue intervenida durante junio de 2011 por el Banco de España. La entidad fue subastada y adjudicada al Banco Sabadell por 1 euro, además de inyectar 5.200 millones en su capital y el compromiso de cubrir futuras pérdidas con una EPA de hasta 16.000 millones de euros.
NovaGalicia fue rescatada por más de 9.000 millones de euros y después adjudicada al grupo de Venezuela Banesco, por 1.003 millones de euros, actualmente denominada Abanca.
Catalunya Banc y Unnim fueron comprado, en diferentes procesos, por el BBVA, que pagó 1 euro por Unnim y unos 1.200 millones euros por la fusión con Catalunya Banc, que habría necesitado 12.000 millones de euros de rescate público, considerado el rescata más grande dentro de las entidades bancarias españolas.
En noviembre de 2011 se tuvo que rescatar el Banco de Valencia. La entidad recibió 4.500 millones de euros de capital público y fue vendida por 1 euro a CaixaBank junto a otro esquema de protección de activos.
En noviembre de 2011 se tuvo que rescatar el Banco de Valencia. La entidad recibió 4.500 millones de euros de capital público y fue vendida por 1 euro a CaixaBank junto a otro esquema de protección de activos.
La solución dada a muchas de estas entidades, vendidas a terceros tras ser recapitalizadas con fondos públicos, no se dio hasta que tuvo lugar la caída de Bankia.
El análisis de los balances que llevó a cabo dio paso a un rescate público de 22.500 millones de euros, que preciso que el Gobierno solicitara a Europa un rescate de hasta 100.000 millones de euros, de los que al final se utilizó menos de la mitad de este dinero, y que Bruselas impuso un estricto paquete de recortes y reformas a España.
Se nacionaliza el banco (es decir, pasa a ser propiedad del estado) se sanea y se vende. No obstante hay dos opciones en la venta, puede que se sanee completamente y luego se venda por una buena cantidad de dinero, o puede que simplemente se venda por un precio simbólico (1€) a cambio de que se alguien se haga cargo de las deudas y de los compromisos tomados.
Se puede destacar la intervención de Banesto en 1993 que acabó con su presidente, Mario Conde, en la cárcel y la adjudicación de la entidad al Banco Santander.
Directivos de las cajas de ahorros rescatadas reciben sueldos de hasta 2,3 millones de euros. Las entidades apoyadas con dinero público retribuyen a sus cúpulas con una suma de al menos 70 millones de euros. Bankia pagó al exministro Acebes 163.000 euros por ser del Consejo.
Los directivos de las cajas de ahorros que han necesitado dinero público -que sale de los impuestos de los ciudadanos- cobraron en 2011 salarios que fueron de los 456.000 euros a los 2,3 millones de euros anuales.
Rodrigo Rato (vicepresidente del Gobierno con Aznar) cobró en 2011 más de 2,3 millones de euros por presidir, además de este banco, su matriz BFA y Caja Madrid. Rato gozó también de una aportación de unos 500.000 euros para su plan de pensiones y recibiría una indemnización de 2,8 millones si es despedido. Otros tres altos cargos de Bankia –la entidad que ha percibido más ayuda pública: 4.465 millones– percibieron sueldos que superaron el millón de euros.
El segundo salario más abultado fue el de Adolf Todó, máximo responsable de CatalunyaCaixa. Este economista, cercano al socialista PSC, cobró 1,5 millones de euros en 2011 y cuenta con un seguro de jubilación valorado en 3,46 millones de euros. La entidad catalana, auxiliada con casi 3.000 millones, pagó más de 5 millones a sus altos cargos.
El del presidente de Banco Mare Nostrum, Carlos Egea retribuyó a su máximo responsable –que compaginaba su cargo con el de consejero en Iberdrola Renovables, Enagás y_Caser Seguros– con un sueldo de 456.000 euros.
Francisco Verdú. Bankia. 1,57 millones por Blindaje (B) y Jubilación (J):3,9 millones.
José María Castellano. Novacaixagalicia. 899.290 euros. B: 842.000 euros.
César González Bueno. Novacaixagalicia. 891.000 euros. B: 842.000 euros.
Jordi Mestre. Unnim. Director general: 963.000 euros. B: 360.000 millones.
Caja España-Duero no da datos, solo hizo saber el sueldo de toda la dirección: 3,2 millones.
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