DE FACEBOOK (días 25 y 26)

Lee uno en El Correo que los sanitarios vascos, molestos con su Tribunal Superior por no dar de paso el pasaporte covid, opinan que los jueces no deberían meterse en materias sanitarias. El conseller de Educación de la Generalitat opina que los jueces no deben meterse en cuestiones lingüísticas. Es más, pide a los centros escolares que no hagan caso de la sentencia que obliga a que una cuarta parte de las clases se impartan en castellano. Habría que preguntar al resto de consejeros, políticos y público en general qué materias son susceptibles de recursos judicial y cuáles no. Más que nada para saber con quién juega uno a las cartas de la política. Por cierto, según La Vanguardia, Catalunya pide el aval judicial para el pase covid en restaurantes y gimnasios, así que en estas materias, sí entiende la Generalitat que los juzgados pueden intervenir. A condición de que avalen sus postulados. Esto de la resistencia de la Generalitat a acatar la sentencia de la lengua, no se lo imagina uno en ninguna otra comunidad autónoma, si acaso en la vasca o en Navarra. En el resto del territorio nacional, solo se imagina un boicot judicial a cargo de partidos o simpatizantes de los escraches, que creen que los jueces son una prolongación del poder burgués y del Ibex-35.

La proposición de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana limitando algunas de las posibilidades de actuación de las fuerzas de orden público (no se llaman así, pero a uno de mano le sale ese nombre; tiene que pensar: no, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) está un tanto embarullada con denuncias de abandono a los policías y réplicas de los partidos de la coalición gubernamental rechazando tal aserto. Uno de los puntos controvertidos es que si es necesario llevar a un ciudadano a comisaría para practicar una identificación, hay que devolverlo al lugar de origen. Misteriosos portavoces anónimos de la Delegación del Gobierno en Asturias niegan tal cosa y detallan: “Solo se obliga a devolver a la persona identificada en comisaría al lugar donde no pudo ser identificada, si se trata de un municipio distinto y si no crea problemas al funcionamiento del servicio policial”. Sin embargo, uno pudo comprobar que la proposición de ley, hasta el momento es la que sigue: 'A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Así mismo, salvo que el traslado a dependencias policiales fuera por causa imputable a la persona desplazada, tendrán derecho a que se les devuelva a su salida al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes". No consta que en el período de enmiendas se haya apostillado nada del municipio. ¡Qué poco rigor en los desmentidos, Delegación del Gobierno!

La alcaldesa de Gijón está muy enfadada con el Gobierno regional, de su mismo color político, por la gestión de la licitación para ampliar el hospital de Cabueñes. En definitiva, si uno entendió bien, quedó desierto porque los precios del concurso no interesaron a ningún contratista. El Principado casi calló sin entrar en polémica. Hizo bien. Si fuera de diferentes color político, tendría preparado un argumentario para demostrar que no se puede decir ‘de esta agua no beberé’ porque a lo mejor al Consistorio gijónés le ocurre lo mismo con otras licitaciones, si es que no le ocurrió ya.

Le extrañó a uno bastante que este curso, sin noticia ni aclaración de ningún tipo, el nuevo presentador del concurso de canción asturiana “Ciudad de Oviedo”, pasara a ser el polifacético Laude y no hubiera ninguna alusión a los motivos del fichaje. Ahora lee uno que “el TSJA manda readmitir como personal municipal al exdirector artístico del anterior concurso de tonada, Juan Carlos González, que había presentado una demanda para reclamar su condición de personal no indefinido, lo que motivó que el Ayuntamiento no volviera a contar con él y contratara a otro director para el nuevo concurso. Esto llevó a otra demanda por despido que perdió en primera instancia. El TSJA le ha dado ahora la razón”. Reiterada jurisprudencia establece que apartar a un trabajador de un puesto por instar una reclamación judicial es una vulneración de la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de la Constitución, pero las autoridades se pasan esa previsión por el forro.

PP y Ciudadanos posicionarán al Ayuntamiento contra la oficialidad en el próximo pleno municipal. Es cierto que unas elecciones municipales, las de 1931, determinaron la salida de España del rey Alfonso XIII, pese a que en tales elecciones no se votaba entre monarquía y república, pero uno cree que en los plenos del ayuntamiento no se debe hablar de la oficialidad, ni de Palestina, ni de Chile, salvo, que el pronunciamiento fuera por la carestía que la oficialidad supone para las arcas municipales, pero la argumentación es otra. Municipios y munícipes, dedíquense a las materias previstas en la Ley de Régimen Local, que luego se dedican a otras cosas y dicen que no les llegan los fondos.

Metidos en la harina de la oficialidad, Pilar Sánchez Vicente se pronuncia a favor con argumentos a tener en cuenta, pero camino del final la pifia con consideraciones así: “Y muchas gracias a los cuatro cavernícolas que se oponen: intentan provocar el enfrentamiento con un discurso de odio de una forma tan deleznable que solo consiguen aumentar el número de favorables a la oficialidad”. Termina su alegado de una forma simpática, una cosa no quita la otra: “Por cierto, los cuatro políticos que se posicionan claramente en contra tienen apellidos asturianos, cuya traducción al castellano hago entre paréntesis: Mallada (majada), Ablanedo (avellanar), Figaredo (plantación de higueras), Pumariega (plantación de manzanos). Ya medirán si es una lengua inventada”.

Ocho autonomías reivindican un giro a la financiación para frenar el despoblamiento. Reclaman al Gobierno central un fondo para corregir la caída de la natalidad, universalizar la enseñanza a menores de tres años y elevar el peso de los mayores de 85 años en la sanidad. Dicen que no van contra nadie. Hace unos días en la Comunidad Valenciana se celebró una manifestación con el apoyo de toda la clase política (quizá Vox no), del empresariado y de la llamada sociedad civil. Aseguran también que no van contra el gobierno central ni contra nadie. Pata. Indirectamente siempre se va contra alguien: para dar a uno hay que restar a otro. Sinceramente no acaba uno de entender la filosofía de las transferencias autonómicas. El desgaste político de exigir los impuestos recae sobre el Estado central, y las autonomías o ayuntamientos se pelean por conseguir, alterando las fórmulas matemáticas, más dinero. Uno cree que ni ayuntamientos ni autonomías deberían gestionar áreas que solo se financian con transferencias de los territorios mayores: Estado, Comunidades Autónomas.

Ayer pasó uno por la exposición del camino de Santiago. Tenía interés en visitar la maqueta del Oviedo primitivo. Uno cree que, salvando algunos edificios emblématicos como la catedral, San Vicente o la Cámara Santa, casinas, caminos y praos están colocado al tuntún. Es más, para la maqueta Oviedo es casi como la meseta castellana, con cuestas levísimas.

¿Promocionando las ventajas de los trabajos domésticos para la salud, defiende sibilinamente el ABC que la mujer siga en casa con la pata quebrada ?

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Los jueces, quedamos ayer, no deberían meterse en cuestiones lingüísticas ni tampoco en cuestiones sanitarias. Cuando se sumergen en cuestiones técnicas o de ingeniería corren el riesgo también de patinar al dejarse convencer por un perito que llevó el gato al agua. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Esto viene a cuento de una noticia leída en El Comercio, según la cual el Tribunal Superior de Justicia Asturias avala la planta de asfalto de Priorio y señala que no se le debió negar la licencia a la empresa Hanse Ibérica para instalar en los terrenos de su cantera sendas plantas de machaqueo y asfalto. Entiende el Tribunal que no se trata de autorizar una nueva actividad, ya que lo que se pretendía era una ligera variación respecto de lo que se venía haciendo pues el árido no experimenta transformación sustancial o jurídicamente relevante por el hecho de la fase de secado, pues estructura, composición y propiedades del árido se mantienen incólumes. En consecuencia, no procede aplicar forzadísimamente la Ley de Industria, como pretendía el Ayuntamiento. No valora uno en esta sentencia si realmente hay daño medioambiental, si el Tribunal está comprado, si los abogados consistoriales se dejaron perder…Era solo una reflexión sobre las cuestiones realmente complejas sobre las que tienen que decidir jueces y tribunales sin saber nada de la materia. ¿Dormirán tranquilos?

Por seguir con los togados, según El Mundo los jueces dicen que el 25% de las enseñanzas en castellano lo debe hacer cumplir el Gobierno, que, sin embargo, entiende que es el tribunal quien debe actuar de oficio. En un pleito cualquiera, la parte vencedora quiere que la sentencia no quede en papel mojado y lo normal es que pregunte, incluso al tribunal ¿y ahora qué, tenemos que hacer algo? El Tribunal puede que les diga: despreocupaos, nos ocupamos nosotros de todo, pero lo normal es que le diga que tienen que pedir ejecución de sentencia. Interesa aclarar que, a grandes rasgos, salvo en los casos penales, que se impulsan de oficio, el resto de los pleitos avanzan a instancia de parte, incluso después de la sentencia. Por eso se llama justicia rogada, porque hay que rogar, pedir, casi nada funciona de oficio. Una sentencia puede declarar que A debe mil euros a B, pero para que B cobre su deuda ha de pedir ejecución de sentencia. En consecuencia, uno cree que el Tribunal no tiene que hacer nada de oficio con la sentencia del castellano. Si el Gobierno está interesado en hacer cumplir la sentencia, debería instar su ejecución, pero si no la insta, queda todo como estaba: se reconoce una deuda, pero no se exige su cumplimiento. Y si no lo insta, ¿para que se metió en esa refriega? Otra cuestión son las dificultades prácticas de la ejecución, la resistencia a su cumplimiento, pero eso ocurrirá mueva ficha el Gobierno o mueva ficha el Poder Judicial.

Tercer asunto judicial. El juez Martinez Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces para la Democracia se muestra favorable, como era de esperar, a que se pueda grabar a los policías, con el siguiente argumento: “Todos los funcionarios públicos estamos expuestos a que se conozca nuestra imagen. Mis juicios son públicos y todos pueden venir a verme la cara. La existencia de grabaciones puede favorecer incluso a los propios agentes al fomentar la transparencia”. Uno pregunta: va uno y se sienta como público en la sala de vistas, y con su teléfono móvil graba a su señoría, a los fiscales…¿le dejarían?.

Periódicamente se producen inundaciones y desbordamientos del río Sella que afectan al hospital comarcal de Arriondas, que se ve obligado a desalojar a todos o buena parte de sus pacientes. El sentido común viene clamando y preguntándose cómo es posible que se haya autorizado un hospital en una vega inundable. Por su parte el presidente del Principado declara que cuando se decidió su instalación la comarca no era técnicamente inundable (será verdad desde la prosa administrativa, que tendrá unas complejas clasificaciones de la inundabilidad de las parcelas). Por otra, señala que están previstas las obras de contención de la ribera, en las que participarán El Estado, el Principado y el Ayuntamiento. Seguramente la decision de instalarlo tuvo lugar por agrupación política amiga de Barbón, porque en caso contrario correrían invectivas y tuits. Es maravilloso llevarse bien, como se llevan Barbón, el Presidente del Principado y Delia Losa, la Delegada del Gobierno, que acuden juntos en amor y compaña a numerosos actos. ¡Qué lejanos aquellos tiempos de Cascos, que era el terror del protocolo porque no había acto sin follón!.

Por cierto, simpática la viñeta de El Comercio sobre el peregrino Barbón. Simpática para todos menos para los barbonistas, claro.

Ayer por la tarde acudió uno a una conferencia al RIDEA y no va a glosar aquí lo hablado porque parece que todo lo que escribe hoy es de la misma tendencia, así que lo deja uno así en el aspecto formal. A lo que iba. La conferencia comenzó a las siete de la tarde. Uno se sentó bastante atrás porque está algo constipado, por si había que salir discretamente. Iniciada la conferencia, entró el rector, que se sentó un par de filas detrás. Al poco de entrar el rector, el ponente, profesor universitario, le dio públicamente la bienvenida y siguió con su charla. A los diez minutos, el rector hizo un gesto de perdón/abrazo/disculpas al ponente y se fue. En la prensa del día ve uno una foto del rector en la conferencia que a esa hora daba Otín en La Nueva España. ¿Es necesario hacer este papelón para repicar y salir en la procesión? ¿Agradecería el profesor del RIDEA los minutos de presencia del rector porque menos da una piedra?

Por cierto, el titular de LNE de la conferencia de Otín da para un comentario de textos: “Fumar un año una cajetilla al día genera 150 mutaciones; una sola vale para tener cáncer”. ¿Una sola mutación, una sola cajetilla, una cajetilla diaria durante un año?

El Consejero de Salud reconoce que la licitación de Cabueñes fue un despropósito. Sea, si él lo dice, porque uno fue un malpensado estos días de atrás. ¿El despropósito es que una vez que se pone la maquinaria licitadora en marcha, nadie se atreve a pararla?

La obra del quiosco de El Bombé es el cuento de nunca acabar. Ahora dicen que se va a desmontar, que la llevarán a un taller y que se reconstruirá allí. Lo bueno de este caso, es que como lleva tanto tiempo e intentaron sacarlo adelante gobiernos de distintos colores sin conseguirlo, nadie se tira los trastos a la cabeza porque todos saben cómo se tuercen las cosas y lo imposible que es cumplir todas las normas aplicables: de patrimonio, de contabilidad, de personal, de contratación.

Es dura la militancia política. Tiene uno sus dudas, pero esas hay que dejarlas apartadas cuando tocan a rebato. Ayer dijo aquí algo del debate sobre la oficialidad en el seno de los ayuntamientos, del de Oviedo en concreto. Hoy se fija en un aspecto específico: PP y Ciudadanos van a votar contra la oficialidad. ¿No hay ningún concejal que esté a favor? El PSOE, que hasta el último congreso regional estaba dividido, ahora está por la oficialidad. ¿Ninguno de los concejales socialistas de Oviedo es contrario? Vox y Somos, ya se sabe, monolíticos, pero los otros también.

Por cierto, ¿cómo valorar este enlace? Está bien pasar de los principios a la realidad. https://www.tragsa.es/.../Gru.../ficha-oferta-empleo.aspx...

Ahora una cuestión resbaladiza: la reseña biográfica que LNE presenta de Concha Escalante, jubilada muy joven como enfermera por su delicado estado de salud, pero que no le impidió una amplia actividad cívica. ¿Es cruel e injusto uno por preguntarse esto?