TRAMITACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Leer a estas alturas del verano el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, concretamento lo hablado en la Comisión Constitucional el día 17 de abril de 2013 puede parecer una extravagancia, pero si lo que se dijo esa tarde entre las cuatro y diez minutos de la tarde y las ocho y cinco consistía en la aportación de varios expertos que intentaban ilustrar a sus señorías sobre algunos aspectos de la ley de transparencia que se estaba tramitando, el asunto pasa a ser de rabiosa actualidad.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-301.PDF
A veces esas comparecencias parlamentarias son muy elementales, otras demasiado contradictorias en función de las personalidades invitadas, en ocasiones pueden servir para mejorar aspectos técnicos de las leyes en tramitación o de las cuestiones en estudilo, pero si falta la voluntad política, nada valen las recomendaciones de los expertos.

En esta comparecencia intervinieron el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dos especialistas en Derecho Administrativo y un ex director del llamado Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, iniciador de una experiencia de transpariencia administrativa voluntarista y de muy escasos resultados.

Como reconocern algunos intervinientes las ideas de gobierno abierto, rendición de cuentas, responsabilidad y transpariencia se abren paso entre las teorías tradicionales, pero el problema surge a la hora de concretarlo en normas jurídicas exigibles.

Un profesor planteó una curiosa cuestión que llamó necesidad de un espacio para pensar. ¿Qué tiene que ver esto con la transpariencia? Quiere decir que si un técnico, un jurista, un economista, cualquiera que emita un informe en cualquier fase de un procedimiento administrativo, sabe que ese informe se va a hacer público en base a la ley de transparencia, se mirará muy mucho a la hora de plasmar por escrito su idea. Entiende el profesor que la transparencia coarta la libertad de pensamiento. Parece un poco exagerado, pero todos el que manda un correo o firma una carta sabe que acaba llegando a quien no se desea. Llamar a eso "espacio para pensar"... Algo de pretenciosidad te parece ver ahí. Desde luego, va contra la idea de transparencia.

La ley no se acaba de decidir entre dos criterios a aplicar: uno es listar las instituciones transparentes, entre las que además de las administraciones estarían los partidos políticos, quizá la Corona, a lo mejor la Iglesia, etc. Pero entre las administraciones estarían las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen reconocido constitucionalmente un ámbito de autonomía y no está claro que una ley de este tipo pueda invadir sus límites. Por otra parte, todo lo referente a los partidos políticos necesita ser regulado por ley orgánica y este proyecto está enfocado como ley ordinaria.

La otra postura es que esté sometida a transpariencia cristalina toda entidad que reciba un euro público incluidas las subvenciones. Llevado esto al extremo, ALSA podría reclamar las actas, estudios y antecedentes que Renfe haya utilizado para una subida de precios o para un expediente de regulación de empleo, pero cualquier ciudadano podría también reclamar cualquier dato de cualquier empresa que funcione en régimen de concesion porque algún euro público recibe. También se duda si porque una institución reciba una partida para un proyecto, deba someterse en conjunto a la máxima transparencia.

En el alero continúan las incompatiblidades con la Ley de Secretos Oficiales, con la Ley Orgánica Proteccion de Datos, con el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, con todo lo referente a la defensa nacional, con la legislación que regula el derecho a la intimidad.

En fin, que parece una buena idea la transparencia, pero al intentar plasmarla se corre el riesgo de quedar en un brindis al sol.