POLÍTICA INSALUBRE, INCÓMODA Y PELIGROSA

Estos días se publicó que el PSOE planeó vender la ovetense Casa del Pueblo, situada en la casona de los Campomanes, a la Fundación Príncipe de Asturias para a continuación mudarse a los terrenos de Jovellanos XXI en la parcela del Vasco. También intentó otras alternativas por las inmediaciones, no muy lejos de tu casa. Los grupos de la derecha destaparon esa posibilidad estos días de atrás y daban a entender que algo se ocultaba. Estás de acuerdo. Una operación así debería someterse a exposición pública. Vas a explicar por qué.

Por las mañanas, de vuelta a casa, la rutina te lleva a atravesar (haciendo una escala para refrescar y leer/charlar, según días) la calle Manuel Pedregal, donde se afincó hace años la nueva ruta de los vinos y además tiene su sede el Partido Popular. Por las tardes aunque repitas itinerario, lo haces sin parar, pero últimamente abundan los casos en que la calle está cortada preventivamente por las tanquetas de la policía para evitar que las anunciadas manifestaciones o concentraciones pongan una pica en su particular Flandes, la sede del partido, meta de la marcha. Los vinateros se preguntarán que a ellos quien les paga el paréntesis en su actividad. Quizá tengan más suerte que tu empresa con las barricadas en las vías. Su reclamación estaría mejor vista.

Allí se mantuvo pacíficamente durante muchos años la sede del Partido Popular sin sufrir más molestias que el lanzamiento esporádico de algún bote de pintura.

Cuando estos días lees que el PSOE buscó un local cerca de tu casa y la derecha ve en ello algún tipo de ocultismo, estás de acuerdo. El Juez Pedraz citó de pasada en un auto a la decadente clase política. También de pasada modestamente sugieres que la actividad política se incluya en la relación de actividades incómodas, insalubres y peligrosas, si no la actividad en sí misma (Dios te libre ni de pensarlo) sí la proximidad de sus sedes. Tiene razón, pues, la derecha ovetense cuando proclama que una operación así debería someterse a exposición pública para posible impugnación por los potenciales afectados.