Recibías hoy una justificada queja de un viajero que decía
ser funcionario de un juzgado. Retornaba tarde a su domicilio. Tenía razón. Hubo
una avería y se produjeron distorsiones importantes. Sin perjuicio de lo
anterior, compruebas cuáles son sus hábitos de viaje durante las últimas dos
semanas y resulta que llega todos los días a la estación donde se ubica su
puesto de trabajo a las 8:40, y a las 14:40 toma el tren de regreso a su casa. Desconoces
cuál es su jornada legal e incluso si tiene derecho a algún tipo de reducción
de jornada. Podría ser.
Miras para ti y para los tuyos, piensas en la saturación de
los juzgados, en las listas de espera de los hospitales, en la demora de muchos
trámites administrativos y, sí, será verdad que hacen falta medios, ordenadores,
impresoras y modernas instalaciones, pero estás absolutamente convencido de que
si todos los empleados públicos cumpliéramos el horario, bastantes cuellos de
botella desaparecerían.
Es descorazonador cruzarte por las mañanas con tanta laxitud, porque sabes donde trabajan muchos.
No, no hay solución, porque además parece que nadie está
obligado a hacer nada, lo poco que se hace es por un favor a un compañero o por
no descubrirle, pero no por la empresa, con la que se mantiene una relación de
amor/odio. Como siempre hay algún motivo para estar quemado, sobran los
argumentos para la inacción.
***
¿Pelín de contradicción con la entrada anterior? Como no tienes pensado presentarte a ninguna elección, no estás obligado al monolitismo.
1 comentario:
Los jueces asturianos exigen al Principado medios para luchar contra la corrupción. La Justicia asturiana exige al nuevo Gobierno autonómico los medios suficientes para luchar contra la corrupción porque, con los que cuenta ahora, son, cuando menos, "escasos y obsoletos", lo que dificulta una acción "rápida, ágil y, sobre todo, eficaz".
Evidentemente parece irónico. Coto: "Javier Fernández es el responsable político de la corrupción en Asturias" http://www.lne.es/asturias/2015/05/22/coto-javier-fernandez-responsable-politico/1760571.html
La corrupción, una palabra que no se había usado mucho hasta ahora en la Junta General, ni siquiera tras la caída del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, al destaparse el caso Marea, se ha filtrado por todas las rendijas del debate. Primero, en la Junta General, que ha aprobado la segunda comisión de investigación en menos de un mes, para fiscalizar la gestión de las obras de ampliación del puerto de El Musel, y donde el presidente del Principado ha protagonizado un agrio intercambio con UPyD precisamente a cuenta del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los procedimientos de contratación de la Administración regional en la época de Marea. Pero la actividad no se ha limitado al Parlamento. Fuera de él, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) –el órgano de gestión de la judicatura asturiana— ha remitido al Gobierno regional una queja oficial por la falta de medios en los juzgados para perseguir los casos de corrupción.
Está bien claro: la falta de medios. Claro, que si la corrupción está en los políticos, lo que faltan son huevos para cortarla de raíz, porque los jueces están al servicio de la política.
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