EL DINERO, MOTOR DE LOS CAMBIOS JURISPRUDENCIALES

Por suerte (o por mejor decir, porque las circunstancias no eran del todo desfavorables), el accidente del autocar español contra el túnel de Lille no romperá las columnas te ninguna teoría de la causalidad. Otro gallo cantaría si hubiera habido desgracias personales.

Intentas establecer una comparación con el accidente ferroviario de Santiago: no se discute la responsabilidad del maquinista, que ya se verá si es única o compartida con quienes pudiendo adoptar medidas preventivas no las adoptaron aunque no fuera obligatorio en ese momento. Para el derecho penal no es suficiente con cumplir las normas administrativas o las pequeñas normas: uno puede ser condenado por no haber adoptado medidas más prudentes.

En el caso del autocar, dando por supuesto que el gálibo del túnel estaría señalizado reglamentariamente, el conductor tiene difícil escaparse de alguna responsabilidad. Como no pasó a muy mayores, ahí se quedará. Si las consecuencias hubieran sido otras,  los perjudicados (si ven peligrar los cobros del autobús o de su compañía de seguros) indagarían teorías exploradas en el accidente ferroviario: extender la responsabilidad al funcionario responsable territorial de la carretera o a la cadena de mandos que pudiendo instalar un gálibo previo avisador, no lo instalaron AUNQUE NO SEA OBLIGATORIO INSTALARLO. En un escalón superior, la responsabilidad se extendería a quienes pudiendo dictar normas estableciendo la obligatoriedad del gálibo físico, no las dictaron: la responsabilidad por omisión normativa.

En definitiva, si hay dinero puede revolucionarse la jurisprudencia; si no, ni jueces ni abogados emplearán su tiempo en bagatelas retóricas y teóricas.