LECTURA DE LA PRENSA. EL ALIVIO DEL PROPIETARIO.
Estos días se supo que el activista Rubén Rosón, condenablemente agredido en las fiestas de Oviedo, es propietario junto con otro socio de cinco apartamentos rurales en Jomezana de Abajo. Es decir, sería propietario de dos apartamentos y medio. Hubo quien se le tiró a la yugular porque cómo manifestándose ostentosamente en favor de una vivienda digna para todos, era propietario de más de una. Él se defendió alegando que su iniciativa responde a un modelo de turismo comunitario y rural, orientado a combatir la despoblación en la montaña asturiana, diferenciándolo de la turistificación y la especulación de pisos en zonas urbanas tensionadas.
Uno no aspira a ser multipropietario, pero recibió la noticia con un gran alivio porque por lo menos se admite que es ético tener dos casas y media, quizá no más, pero, ojo, siempre que se dedique a un fin legítimo. Si hay otros fines legítimos para tener dos casas y media, uno no lo sabe hasta que no se sepa qué hace con dos viviendas y media otro ciudadano que sea digno de imitar. Con seguridad que hasta ese límite no cruzamos línea roja, pero si tenemos media más, a lo mejor sí, así que uno no se arriesgaría a poseer más.
Para llegar a dos viviendas y media se supone que previamente hubo que acumular dinero para su adquisición, al menos una pequeña cantidad. Es un alivio. Por lo tanto, se puede tener la conciencia tranquila si se tiene la cantidad de dinero precisa para pagar dos viviendas y media. Más no, porque a partir de ahí posiblemente se convertiría uno en un ricachón expropiable.
Algo es algo. Uno quedó con la conciencia tranquila sin necesidad de ser pobre de solemnidad. Y que nadie vea un asomo de retintín, porque no lo hay.
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LECTURA DE LA PRENSA. EL DERECHO AL VOTO.
El País, en su editorial, más altisonante que en otras ocasiones, se alinea con la tesis gubernamental de cuestionar la decisión del Tribunal Supremo de suspender o no reconocer, al menos para las próximas elecciones, el derecho al voto de 163.000 nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
En principio es innegable que es una anomalía que unos españoles no puedan votar, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en las elecciones por sufragio universal.
No tiene uno una opinión jurídica al respecto, porque argumentos hay a favor y en contra y el Tribunal Supremo se pronunció por mayoría, aunque, como sucede en otras ocasiones, los contrarios a su tesis destacan las razones del voto disidente.
El propio editorial reconoce que la trascendencia de esa limitación en los resultados es mínima. De hecho, en las últimas elecciones el voto exterior favoreció mínimamente al partido conservador.
El énfasis de El País se basa, aunque no lo explicite, en la defensa de todas las consecuencias que se derivan de la Ley de Memoria Democrática, uno de los estandartes del actual gobierno.
Curiosamente, la imposibilidad de ejercer ese derecho fundamental no lleva aparejada indemnización o no se conoce hasta el momento caso alguno. Uno indagó y solamente encontró sentencias que estudiaron la imposibilidad de ejercer votos por correo. En definitiva, se trata de un reconocimiento moral. Dado que el voto es secreto, es imposible determinar si esa vulneración pudiera llevar una indemnización, quizá no exigible por el ciudadano ‘vulnerado’ sino por el partido hipotéticamente beneficiado. Dicho esto, el hecho de que no sea valorable económicamente, no implica que no se deba facilitar el ejercicio de ese derecho.
En un ejercicio teórico, supongamos que el Tribunal Supremo denegó el derecho el voto a gente que lo tiene, pero pensemos el supuesto contrario: que lo concede a gente que no lo tiene, por ejemplo si se otorgara ahora el derecho, pero más adelante una posible sentencia del Tribunal Constitucional anulara algún artículo de la Ley de Memoria Democrática en la que se fundamenta el ejercicio del derecho al voto por ‘los nietos’, dicho así por abreviar. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues nada tampoco, porque el voto es secreto y no se podría determinar si influyó o no, más allá de las estimaciones de los sociólogos electorales. El ejercicio indebido del derecho al voto tampoco es comparable con ningún otro, porque por votar de más no quita el derecho a nadie. No ocurre lo mismo, pongamos por caso, con el derecho al trabajo, o el derecho a la vivienda, o a una plaza escolar o a una subvención, que si se da una preferencia a uno es necesariamente en detrimento de otro, porque hay derechos que no se estiran (bueno, en el trabajo sí, porque puede un tribunal obligar a aumentar una plantilla en un número para acomodar un derecho individual, pero es una posibilidad escasa).
Si uno resume todo esto con la frase ¿qué más da? puede parecer una frivolidad si se compara con el ejercicio sagrado del derecho al voto, por ponerse grandilocuente.
Por otra parte, el editorial incide en el hecho de que el inicio de la impugnación procede de partidos o movimientos de la extrema derecha. Se admite, porque es cierto. Sin embargo, lleva uno tiempo pensando en cómo se hace hincapié en determinadas informaciones en quiénes están detrás de las demandas o denuncias. Si se hace un uso torticero de los procedimientos sería impugnable (por abuso de derecho, por ejemplo), pero en general uno cree que, incluso en esos casos, el acento no lo hay que poner en el demandante o denunciante, sino en el juez que lo admite a trámite o el que dicta la sentencia definitiva. Al fin y al cabo, si las denuncias o demandas no están fundadas, se desestimarán, y no hay caso. Dice uno esto con ciertas reservas porque está pensando en casos de denunciantes (fuera de la política) que están ‘tocando los cojones’ sin parar, aunque piensa más en relaciones laborales, o civiles o de vecindad. Incluso en este caso, la última palabra la tiene el juez. Ocurre, a veces, que el juez les da la razón porque la tienen, aunque alteren el cómodo statu quo reinante hasta momentos antes.
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LECTURA DE LA PRENSA. SONDEOS, MECENAS Y DECISIONES PERSONALES.
El último sondeo del CIS da al PSOE una ventaja sustancial sobre el segundo partido más votado, el Partido Popular, y no menciona uno a Tezanos por lo cansino. No leyó uno las declaraciones de los respectivos líderes, que aburren por previsibles, pero los portavoces del PSOE estarán relativamente contentos por estar los primeros, mientras que los del PP alegarán que los sondeos de verdad son los de las urnas. Ya lo escuchó uno más veces, en cada elección. En cualquier caso, con esos datos la suma de los votos, y correspondientes diputados, de PP y VOX da una mayoría holgada a la derecha para formar gobierno. ¿Dirá Feijóo, si gana el PSOE, pero con mayoría insuficiente, que debería gobernar el partido más votado, como dijo hace cuatro años y repitió cada poco, él los suyos? Ni siquiera está uno interesado en cómo justificará el cambio de discurso. Ante otras situaciones hizo Sánchez lo mismo y no se puso colorado (que no dormiría tranquilo si pasaba no sé qué...). En cuanto a la mengua de votantes de los partidos a la izquierda del PSOE observa uno que gente conocida que era podemita/podemista hace cuatro días (o cuatro años) abrazan ahora la política y la figura de Sánchez. Sánchez tiene varios méritos políticos, pero se fija uno en uno en concreto: los ministros y partidos a la izquierda del PSOE marcan diferencias respecto del partido grande: ellos son la bandera del progresismo y lo que el gobierno hizo bien es por el arrastre de la izquierda. El PSOE, por su parte, y el presidente en particular, asume sin fisuras la ejecución de las medidas implantadas, aunque fueran propugnadas por ministros/partidos a su izquierda, porque no estaban en su programa. A lo que uno quiere llegar es que ve a muchos antiguos podemitas/podemistas que abrazan encantados la figura de Pedro Sánchez, no tanto la del PSOE. Son más sanchistas que socialistas.
Ecologistas y pediatras (no sabemos si unos pocos o muchos) urgen a retirar el suelo de caucho de los parques infantiles. En tanto se retiran, ¿qué deben hacer los padres y los abuelos, evitar que los niños los utilicen? ¿Exigir a las administraciones que los retiren ya o que, como mínimo, los inutilicen? ¿Qué hacemos con la responsabilidad individual? ¿Qué hacemos si somos gobierno municipal? ¿Qué hacemos si somos oposición municipal?
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LECTURA DE LA PRENSA. RIDÍCULOS.
Más que ciudadano ejemplar, uno se siente ridículo al reciclar y separar el papel con el papel, el plástico con el plástico, la materia orgánica con la materia orgánica, el vidrio con el vidrio y el resto con el resto. A esto se añade que el reciclaje de la ropa usada va de capa caída por los costes del proceso de separación, transformación y posible aprovechamiento, así que cuando uno mete un pantalón remendado en un contenedor al efecto está generando unos costes inasumibles. Para que no le remuerda la conciencia, es posible que los próximos pantalones vayan a la bolsa negra.







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