Acaba de leer uno este libro de cierta extensión, que llega
a las 413 páginas. El título se debe a una prosa de Miguel Hernández que habla
de los ochocientos brazos que trabajan en la estación de Baeza. Uno destaca siempre
el porqué de títulos que pueden llamar la atención.
El título del libro no responde del todo a su contenido ya que hasta la página 185 describe las vicisitudes del ferrocarril y de los ferroviarios durante el período republicano, y la cierta depuración que se produjo en esa época. El libro, quizá para buscar la debida contextualización, desciende a otros detalles de la política social del ferrocarril durante el franquismo. Se agradece por cuanto recoge en un volumen aspectos importantes de la historia social ferroviaria.
En cuanto al período republicano, el autor no ahorra
detalles de este período, como se verá. Se agradece por aquello de la
imparcialidad (pretendida solamente).
El libro pormenoriza lo ocurrido en todo el territorio, en
los ferrocarriles de vía ancha y en los de vía estrecha, pero uno se fijó
especialmente en los que geográficamente le resultan más próximos. Se fijó uno,
por ejemplo, (hablamos del período republicano) en la constitución de un comité
obrero de control en Ujo, que tenía competencias hasta cerca de La Robla, y debía
informar de la conducta política y social de todos los trabajadores ubicados
entre Busdongo y Pola de Gordón. Esos comités obreros no tenían más
pretensiones que hacer fracasar el golpe de estado y asegurar el funcionamiento
de los ferrocarriles para facilitar la acción del gobierno republicano. Los
comités locales dieron lugar a una especie de soberanía múltiple, ya que los
sindicatos tenían que contar con sus respectivas organizaciones regionales. Los
objetivos sindicales cambiaron en cuestión de días, pasando de convocar una
huelga contra el gobierno en demanda de mejoras, a apoderarse de las compañías
ferroviarias para defender y apoyar a dicho gobierno, aunque nunca admitieron
de buen grado el nuevo objetivo estratégico. Por su parte, la influencia
comunista busca “una mayor disciplina y unidad de acción y esto no se logra
sino centralizando la gestión”. Así lo recogen numerosas actas. Por su parte, los
consejos obreros catalanes se mostraron reticentes a disolver los comités que
habían constituido porque reivindicaban su autonomía territorial. Así que
tenemos por una parte a los comités locales, por otra a su poder central, y una
tercera pata serían las pretensiones de la agrupación catalana.
Dice el autor: “El Gobierno de la República fue diligente a
la hora de configurar un aparato represivo ad hoc para llevar a cabo la
depuración de los sublevados. Un escueto decreto del 21 de julio cesó,
lógicamente, a todos los empleados públicos que hubieran tenido participación
en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen”. En la ejecución de la depuración discreparon
los directivos gubernamentales y el poder sindical, ya que cada uno se arrogaba
una preferencia en esa labor, cuando no la exclusividad. Proliferaron las
acusaciones anónimas, que pronto se vio la necesidad de erradicar. Siguió
también la pugna entre el poder central y los comités obreros catalanes. Así
ocurrió a lo largo de la guerra y no solo en el sector ferroviario.
Seguimos hablando del período republicano. Se estableció una
clasificación de los trabajadores en los siguientes grupos: indeseables,
dudosos, buenos, volubles y malos. El autor es benévolo ya que afirma que no se
pudo demostrar hasta qué punto se materializó esa clasificación.
Las dos centrales sindicales intentaron en teoría la unidad
de acción, pero en el fondo, no lo querían. Si acaso Asturias fue en los puntos
donde más se avanzó.
Durante este período no faltaron las algaradas, por ejemplo,
por reivindicaciones salariales. Para apaciguar al ferroviario se convirtió a
los eventuales en fijos, siempre que mostraran su adhesión a la República, pero
los trabajadores tuvieron la sensación, según avanzaba la guerra, de que no
conseguían satisfacer sus peticiones salariales y tampoco ganaban la guerra,
por lo que era patente cierta resignación ante la doble derrota.
Desde el punto de vista organizativo, el gobierno
republicano se hizo cargo provisionalmente de la explotación de las cuatro
grandes compañías: Norte, MZA, Central de Aragón y Oeste, por motivos de
utilidad pública. El Gobierno constituyó una red unificada en la que integró
también a los Ferrocarriles Andaluces. El Comité de Explotación quedó formado
por seis representantes del Estado y seis de los dos sindicatos más
representativos, registrándose tensiones por la preeminencia, ya que los
sindicatos querían hacer valer su fuerza.
En esto llega el golpe de estado. Se plantean huelgas como
respuesta y los ferroviarios se implican en la consecución del triunfo bélico,
por ejemplo, dando preferencia absoluta a los trenes militares. Los comités
obreros se apoderan de las direcciones y expulsan a los mandos adictos al
golpe. Técnicos y directivos encargados de la explotación son sustituidos por
otros sin los conocimientos adecuados, lo que tuvo que ser corregido de
inmediato ante las graves consecuencias que se desencadenaban.
Detalla el libro el funcionamiento autónomo del ferrocarril
en Asturias y en el País Vasco, ya que estas zonas se mantuvieron en poder de
la República. No obstante, la evolución y la problemática fue muy similar a la
del resto del estado republicano: la pelea por la hegemonía en la toma de
decisiones. También se produjeron depuraciones, uno no es capaz de valorar si
mayores o menores, esta como curiosidad: se retiró la concesión de la cantina
de Gijón a Leandra Suárez Merediz por ser enemiga del régimen republicano. La
depuración se produjo tanto en el ferrocarril de vía ancha como en los de vía
estrecha. Entre las sanciones se incluía la pérdida de la pensión de jubilación
a quienes ya la estaban percibiendo.
El libro es muy detallado en las purgas de los distintos
ferrocarriles diferenciado por compañías.
Llegamos ahora al bando nacional. En el ferrocarril
sublevado mantuvieron la anterior estructura directiva, pero siempre que fueran
adictos al nuevo régimen. Entendieron que era lo más práctico y eficaz. El
nuevo poder fue ajustando las cuentas a trabajadores y sindicatos que se habían
alineado con la República. Ordenaron el abono de los salarios y derechos
pasivos a las víctimas de la guerra si eran adictas.
Ya en 1936 se puso en marcha una pesquisa para clasificar a
todos los trabajadores según su ideología. Consta la necesidad de firmar una
declaración jurada mostrando su adhesión al régimen fascista. Se sancionaba
incluso la “pasividad evidente”. Ante este grado de exigencia, la dictadura se
vio obligada a reducir sus niveles, llegando a admitir que el hecho de haber
estrado afiliado a un sindicato o partido de izquierdas antes del 18 de julio,
no era motivo de depuración, si solo eran simples afiliados. En el Norte,
fueron despedidos por este motivo 4750 trabajadores, 8150 reingresaron con
sanción y 300 fueron obligados a jubilarse. La descapitalización profesional
que esto implicaba obligó a una mayor permisividad.
En los primeros años de la posguerra se detalla la
dificultad de mantener un mínimo de organización sindical, por la represión del
interior, y por las dificultades de operar desde el exterior. UGT, por su
parte, se decantó por la opción político-sindical de vaciar de contenido las
estructuras del sindicato vertical. Por el contrario, como es sabido, CC.OO.
optó por la infiltración en la medida de lo posible. El PCE, por su parte,
nunca olvidó su sueño de pensar que las debilidades estructurales del régimen y
el apoyo internacional le harían caer. A partir de la década de los cincuenta,
el PCE fomentó la constitución de comisiones de obreros que negociaran y
reivindicaran.
Un hito relevante fue la creación del Grupo de Investigación
y Vigilancia de Ferrocarriles de la Guardia Civil (popularmente la brigadilla) para
proteger los intereses del ferrocarril, pero también como brigada
político-social, que tenía fichados a la mayor parte de los trabajadores.
Se instituyeron al poco de terminar la guerra diversas
Hermandades Ferroviarias Católicas. Ya se sabe la identificación entre el
régimen y la Iglesia. En algún momento llegaron a pertenecer a ellas el 29% de
la plantilla. Se organizaron ejercicios espirituales. En 1956 participaron más
de cinco mil trabajadores. También era una táctica para aminorar la acción
política de los trabajadores.
De esta época franquista parte la política machista de
obligar a que las mujeres a pedir una excedencia forzosa si contraían
matrimonio.
El libro recoge diversas medidas de política social: la
creación del servicio sanitario, la política de construcción de viviendas o el
fomento de las cooperativas, la creación de los controvertidos economatos, la
fundación de escuelas y la dotación de becas.
El libro analiza también las condiciones laborales y la
siniestralidad laboral, mayor que en otros sectores industriales.
El autor habla reiteradamente del “enfrentamiento silente”,
aunque admite que es difícil de demostrar. Concluye que el aumento de las
sanciones es una prueba de esa resistencia. Uno, que fue instructor de
expedientes ya en la democracia, duda muy mucho de esta conclusión.
José Solís, la sonrisa del régimen, desde el Ministerio de
Trabajo posibilitó la negociación directa entre las empresas y las comisiones
de obreros, lo que facilitó la creación de lo que acabarían siendo las
Comisiones Obreras, también en el ferrocarril, sobre todo en los talleres. La
concentración de personal facilitaba su fomento. Se considera que 1964 es el
año de su fundación.
Hacia 1966 el PCE intenta lograr unas listas únicas para las
elecciones sindicales de ese año. No lo consigue del todo porque otros
sindicatos incipientes querían su protagonismo o porque discrepaban de las
tesis comunistas o las temían. Consiguieron cierta infiltración en la
estructura del sindicato vertical. No podía faltar la tensión entre CCOO-USO,
por asumir la hegemonía de la oposición. Este enfrentamiento está recogido en
las habituales guerras de comunicados sindicales.
En 1967 el Tribunal Supremo declara la ilegalidad de CC.OO.,
por lo que sufre cierto retroceso en los años siguientes. En el libro se
mencionan sindicalistas de León que uno conoció y trató como Raúl Senén, Raúl
Pertejo (por cierto, un extraordinario formador que le dio a uno el cursillo de
venta electrónica de billetes; sus hijos, buenos profesionales del ferrocarril),
Arcadio, o el ya citado Paulino Martínez.
En la década de los setenta la polémica sindical debatía si
reivindicar convenios o reivindicar primas puntuales para determinados
colectivos, señaladamente los talleres, donde CC.OO. tenía mayor implantación.
En 1975 CC.OO. y USO firmaron la paz y lograron elaborar una
plataforma reivindicativa unitaria.
Tras la muerte de Franco, el PCE movió todos los resortes
para consumar una ‘huelga general política’, no siempre secundada ni sentida.
La agitación alcanzó un éxito notable, que el gobierno intentó atajar con la
militarización de Renfe. Estamos en 1976.
El creciente poder sindical pilló con el pie cambiado al
sindicato vertical, que intentó subirse al carro, pero dulcificando las
peticiones de la plataforma sindical.
En estas UGT vuelve a sonar, quizá alimentado por un
colectivo de trabajadores menos radicalizados que los simpatizantes de CC.OO.
No obstante, fueron CC.OO. y USO quienes promovieron un
órgano unitario que tiene su altar en la mitología de los ferroviarios
veteranos (uno por ejemplo ya): El Pleno General de Representantes Ferroviarios,
coloquialmente el Pleno. El ente fue reconocido formalmente por Renfe como
interlocutor para la negociación del Primer Convenio Colectivo. Pese a que UGT
siempre fue defensora de las secciones sindicales por encima de los órganos
unitarios, apoyó este ente y su trabajo, aunque mantuvieron serios
enfrentamientos por la diferente línea estratégica.
Aunque uno estaba todavía en el servicio militar, vivió la
época del Pleno con la misma efervescencia e ilusión que si fuera un agente
civil. Recuerda cómo los representantes del Pleno por Asturias (Benavides, por
UGT y Pontón, por CC.OO. -padre de la concejala ovetense de IU Cristina Pontón
y marido de la escritora Dorita García) regresaban de Madrid en el expreso
Costa Verde y se apeaban en la noche leonesa aprovechando la parada, entre las
4:40 y las 4:55, para comunicar a los trabajadores del turno de noche el estado
de las negociaciones. Aquellas informaciones en aquellos corrillos son
inolvidables.
La firma del primer convenio en 1976 supuso una victoria del
movimiento obrero, a la vez que una renuncia a los postulados más maximalistas,
como la huelga general política que acercara al Estado hacia el socialismo.
Las elecciones sindicales de esa época consolidaron el
triunfo de CC.OO., la consolidación de UGT (tras el largo paréntesis de la
dicta
dura pero que enlazó con la historia de los años 30) y la casi
desaparición de USO.
CC.OO sufrió una escisión en esta época por discrepancias en
la estrategia sindical. De ahí nació el Sindicato Unitario, muchos de cuyos
miembros formaron después el Sindicato Libre Ferroviario, como un intento de
despolitización. Entre sus promotores el asturiano Martín Fernández Calleja,
jefe de estación de Nubledo, que uno trató bastante. Además, buen jugador de
ajedrez.
UGT, por su parte, logró una afiliación espectacular. Con la
fusión-absorción de USO, incrementó sus efectivos. Estamos en 1977.
En las elecciones sindicales de esa época, CC.OO. arrasó en
talleres, su feudo primigenio. En el resto de colectivos, los trabajadores se
decantaron mayoritariamente por UGT.
Conclusiones/Valoración del autor: “la depuración
republicana en el ferrocarril se caracterizó por su naturaleza garantista, pues
la voluntad de que fuera justa ocupó una preocupación central. También destacó
por su escaso nivel (…) en definitiva no se ha podido avalar la violencia
republicana como una orgía criminal, sino como una violencia circunscrita a expulsar
de las compañías a aquellos que formaban parte o colaboraban con los
sublevados”.
Y estos párrafos finales, que ya se comentaron otro día. "Es
obligado señalar que se produjo un hiato con los miles de hombres y mujeres que
dejaron su vida o parte de ella por el camino desde el 17 de julio de 1936; es
decir, el movimiento obrero que se constituyó, a partir de 1978, lo hizo sin
memoria histórica. Sin duda, ello representó una gran victoria del genocidio
franquista". No es la única aparición del término ‘genocidio’. Unas líneas
antes, este párrafo: "A pesar de que esta diversa represión logró la
práctica eliminación de las organizaciones obreras, estas fueron capaces de
sobrevivir al genocidio y reconstruirse tanto en el interior como en el
exilio".
Concluye uno diciendo que es una obra de prolija
documentación, un tanto unilateral, ya que se circunscribe a la documentación
que el autor pudo manejar. Las menciones a las labores de la UGT durante la
dictadura son mínimas y uno cree que algún archivo existirá, aunque sea parcial
o gestado en el exilio. Es una hipótesis.
Cree uno que la alusión al genocidio hace desmerecer la
credibilidad de la obra. En cuanto a la represión republicana, de benévola y
garantista, nada. En cualquier caso, uno aplaude la prolija documentación. Las conclusiones,
cada uno sacará las suyas. Las de uno se entrevén.
